El magistrado señala la existencia de un informe interno del SPF en el que se advertía sobre la posibilidad de fuga de represores condenados por delitos de lesa humanidad y atendidos en el Hospital Militar o en otros establecimientos ajenos al sistema carcelario.
Además Gálvez que reemplazó al juez natural de la causa, Leopoldo Rago Gallo, sostuvo que ambos ex militares habían pedido originalmente ser trasladados a Buenos Aires por razones de “integración familiar” y que reciín una vez allí solicitaron el permiso para ser atendidos en el Hospital Militar Central, lo que íl autorizó como juez de feria ante un planteo del defensor oficial de ambos reclusos.
Los represores, condenados hace poco más de tres semanas a prisión perpetua y 25 años de cárcel, son buscados por Interpol y ya figuran en la página de internet de ese organismo. “Requeridos por las autoridades judiciales de Argentina para cumplir una sentencia”, dice en ambos casos. Los cargos son los de tormentos agravados, lesiones agravadas y privación ilegal de la libertad.
Cabe recordar que hay tres causas judiciales en relación al caso. Una es del Tribunal Oral Federal de San Juan y donde todavía está pendiente la lectura integral de la sentencia, ya que sólo se conoció el veredicto con las penas impuestas.
La otra, la causa de la fuga la lleva adelante el juez en lo Correccional porteño Raúl García y la tercera es la del juez federal porteño Claudio Bonadio que tiene a su cargo una denuncia formulada por el titular del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, para deslindar responsabilidades dentro de ese organismo.
En tanto, legisladores opositores reclamaron la presencia de Víctor Hortel en el Congreso para dar explicaciones del tema.
Fuente: c3m.com.ar