En representación del Gobierno, Axel Kicillof, Carlos Zannini y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, volvieron a defender en el Congreso el convenio con Repsol por la expropiación del 51% de la petrolera, al tiempo que coincidieron en que será beneficioso para el país el pago con bonos y no en efectivo.
Con una dinámica similar a la del mes pasado en el Senado, los funcionarios se presentaron ante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde ratificaron conceptos acerca del convenio con Repsol y contestaron preguntas de la oposición.
Las explicaciones del ministro de Economía, el secretario de Legal y Tícnica y el titular de YPF sirvieron para inaugurar el último tramo del debate parlamentario del acuerdo con la empresa española, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara alta.
La reunión plenaria entró en cuarto intermedio tras casi seis horas de trabajo y continuará este miírcoles a partir de las 10.00 con ponencias de expertos convocados por los distintos bloques opositores.
En tanto, se ratificó la fecha de sanción de la norma: el 24 de abril, tras una extensa sesión que arrancará el miírcoles 23.
El ministro de Economía remarcó el funcionamiento de YPF y aseguró que "cada peso que invierte tiene un efecto multiplicador en el país" y destacó como "ventaja" que el pago del 51 por ciento de las acciones expropiadas "no va a ser realizado en efectivo sino en títulos de legislación argentina".
"Este valor (de la expropiación) va a ser pagado por el propio precio de la empresa, y no porque la empresa le gire plata el Estado, sino porque el Estado se ahorra de pagar otras cosas", subrayó Kicillof.
El funcionario indicó que YPF "sigue siendo una empresa abierta, que cotiza en bolsa, bajo las leyes argentinas y la Comisión de Valores de Estados Unidos" y subrayó que su valor de tasación, de 5.000 millones de dólares, fue aceptado por los accionistas de la compañía española.
"Se hizo una cláusula gatillo, si vale menos se va a reponer ese valor con una determinada cantidad de bonos, hasta llegar a un máximo de 4.670 millones de dólares o hasta emitir un máximo de 1.000 millones de bonos nuevos", señaló el ministro, y recordó que "otro elemento que funciona como una salvaguarda de la Argentina es que 5.000 millones es el techo máximo de lo que Repsol puede cobrar".
Para Kicillof, YPF "podía ser rentable para un privado, pero era perjudicial para el pueblo argentino".
Además, consideró que el convenio con Repsol "pone un punto final a un proceso que no va a ser cuestionable y va a dejar a la empresa libre de todo litigio".
"Este acuerdo limpia a YPF para convertirse en un motor para el desarrollo del país, la distribución del ingreso y el desarrollo con equidad", señaló el titular del Palacio de Hacienda.
Por su parte, Zannini tambiín defendió el convenio y aseguró que "es mentira que Nístor Kirchner haya sido el privatizador de YPF", tras rechazar a quienes acusaron al santacruceño de impulsar esa medida desde la Gobernación provincial, que asumió el 10 de diciembre de 1991.
"Como si en 1992 hubiera tenido la capacidad de decidir que tuvo en el 2003", resaltó el funcionario.
En tanto, al salir al cruce de la oposición, Zannini ironizó: "Cristina no se va a llevar YPF a El Calafate, esto es bueno para la Argentina".
"Venimos con el corazón abierto para que nos acompañen, porque es bueno para la Argentina. Cristina no se va a llevar YPF a El Calafate, esto es bueno para la Argentina", indicó.
A la vez, sostuvo que el acuerdo para resarcir a la empresa española "no tiene trampas ni letra chica".
Al igual que ocurrió en el Senado, pero ísta vez sin emocionarse, Zannini rechazó la "desnacionalización" de la compañía y recordó que "hubo un gran daño social que se vivió sobre todo en la Patagonia".
Durante el debate, la oposición volvió a cuestionar la tasación de YPF y se quejó porque los funcionarios se retiraron antes de responder las preguntas de todos los anotados en la lista de oradores.
El radical Miguel Giubergia evaluó: "Daría la impresión que, con esta oferta y la aceptación de Repsol de retirar la demanda por expropiación, las cuentas quedan saldadas para ambas partes, pero en el medio están los contribuyentes que deberán poner plata de su bolsillo hasta el 2033, para pagar un acuerdo poco claro, con reglas menos claras todavía".
A su vez, el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez cuestionó: "Estamos tratando de saber el precio de la expropiación de una empresa saqueada, privatizada, y comprada por el PJ y sus funcionarios no tienen tiempo para responder preguntas".
En la misma línea, el diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, aseguró que "es un acuerdo mentiroso que le reconoce a Repsol un valor entre 7.300 y 8.500 millones de dólares", que es "el valor que tenía la acción de YPF en el mercado un año antes de la estatización".
Fuente: c3m.com.ar