La Cámara de Diputados de la provincia constituyó una comisión para elaborar un informe detallado sobre el accionar de los policías provinciales que en diciembre pasado, en el marco de reclamos y protestas, abandonaron la prestación del servicio de seguridad, incurriendo en algunos casos en la comisión de delitos. La primera finalidad de los legisladores es recolectar elementos de prueba para establecer cómo se dieron los hechos, considerados de alta gravedad institucional, dado que durante siete días en todo el territorio santafesino no hubo actividad preventiva u operativa ni se tomaron denuncias.
La actividad de este núcleo aspira a recolectar información de funcionarios públicos, agentes estatales, representantes de organizaciones no gubernamentales y particulares. Al cabo de toda esa tarea, la comisión producirá, dentro de los 120 días de su constitución, un informe detallados acerca del desempeño de los policías santafesinos durante las acciones desarrolladas entre los días 3 y 10 de diciembre de 2012. Tambiín sobre las conductas de particulares que pudieran haber influido en las decisiones adoptadas por los integrantes de la fuerza y la relación entre estos comportamientos y los hechos de vandalismo verificados en territorio provincial en esos días.
La preocupación de los legisladores es evitar que los hechos ocurridos naufraguen hacia situaciones de impunidad dada cierta lentitud que atisban en la identificación de las acciones ilícitas. En Entre Ríos, donde hubo protestas similares, la Justicia avanzó con sumarios contra 200 empleados policiales, a la vez que impuso prisión preventiva a 17 efectivos.
"A 30 años de la recuperación democrática resulta fundamental reafirmar que nadie va a ejercer sus reclamos a punta de pistola, y mucho menos quienes tienen el deber de garantizar la seguridad pública", dijo el diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR), quien presidirá la comisión.
Lo que se investiga es la comisión de delitos de parte de policías santafesinos en el marco de una protesta por reivindicaciones salariales y condiciones de empleo. En ese marco, la privación de seguridad a la comunidad motivó una denuncia del fiscal de Estado, Pablo Saccone, por coacciones agravadas y una instrucción (Nº 72) del procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, para identificar a los responsables de ilícitos.
Las fiscalías NN de Santa Fe y Rosario individualizaron a policías que participaron de las acciones. En la capital provincial hubo 37 efectivos identificados y en la ciudad ocho.
El fiscal federal de Santa Fe pidió la indagatoria de seis empleados, entre ellos el líder de Apropol, Alberto Martínez, a los que acusó de instigar a la desobediencia al poder público. El dictamen de Rodríguez transcribe escuchas telefónicas que demuestran la organización de la medida de fuerza ilegal. Y cita conversaciones por la radio policial que muestran a los efectivos "inconmovibles a la hora de acudir al auxilio de los ciudadanos".
Asimismo, los delitos que se investigan en Rosario incluyen el incumplimiento de deberes de funcionario público, estragos dolosos y sabotaje.
Fuente: c3m.com.ar