El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó una investigación para que se determine si Roberto Carlís trabajaba efectivamente en la Dirección de Obras y Servicios Generales del Senado de la Nación, donde ingresó en enero de 2012 Marijuán, en remplazo del fiscal Gerardo Pollicita, imputó a Carlís y le solicitó al juez Daniel Rafecas que realice varias medidas de prueba destinadas a comprobar si quien fuera candidato del kirchnerismo a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumplía tareas regularmente en la Cámara alta.
Cuando la Comisión de Acuerdos del Senado trató el pliego de Carlís para juez de la Corte Suprema, el abogado señaló: "Soy asesor de la Dirección de Obras y Servicios Generales de esta casa. Mi función es estrictamente jurídica. En toda dependencia administrativa que ejerce facultades de compras es necesario actos administrativos que requieren control letrado". Y agregó: "Mi remuneración neta es de poco más de 30 mil pesos y mi superior es Daniel Lauro. Los horarios dependen de la actividad que tenga. A veces la carga es de todos los días y otras puedo trabajar desde afuera".
El pliego de Carlís obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos pero no fue tratado en el recinto del Senado porque el kirchnerismo no consigue la mayoría especial necesaria para designar un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora, Marijuán le pidió a Rafecas varias medidas para iniciar la investigación. Según fuentes judiciales, el fiscal solicitó que:
-Se confeccione un listado de todos los empleados de la Dirección de Obras y Servicios Generales del Senado para que se los cite a declarar con el fin de que detallen cuál era la actividad laboral de Carlís en esa repartición.
– Se determine si en el edificio llamado Alfredo Palacios (el anexo del Senado) existe un sistema que registre el ingreso y egreso de los empleados que trabajan allí.
-Que a travís del programa informático llamado Sistema de Administración de Recursos Humanos "SARHA", se determine cómo era el rígimen laboral de Carlís.
-Que se establezca si en el edificio donde está la sede de la Dirección de Obras y Servicios Generales del Senado, hay cocheras asignadas a los empleados y si Carlís poseía una.
-Que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informe si al mismo tiempo que Carlís revistaba en el Senado se registraron aportes a favor del abogado, provenientes de otras ocupaciones.
La causa judicial en manos de Rafecas y Pollicita se originó en la suma de una denuncia de Juan Mussa y de una investigación preliminar que había iniciado el fiscal federal Carlos Rívolo.
Rívolo había avanzado en la recolección de pruebas para, en el caso de comprobarse el delito de malversación de caudales públicos, realizar la denuncia pertinente. Pero al haber una denuncia los casos convergieron en uno.
Con el impulso dado por Marijuán, el caso queda en manos de Rafecas, quien debe decidir si continúa con la investigación para determinar si Carlís trabajaba o no como asesor en el Senado de la Nación.
Fuente: c3m.com.ar