La Cámara de Diputados aprobó el paquete de proyectos que permitirán implementar el nuevo Código Procesal Penal a partir del 1 de marzo de 2016 y convirtiíndolo en ley cerca de la medianoche.
El conjunto de cinco iniciativas fue analizado en un único debate pero votado por separado, donde la oposición rechazo a la mayor parte del paquete, tal como había anticipado.
Se trató de cinco iniciativas: un proyecto de ley de implementación del Código Procesal; otros dos de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa; otro de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal y un último con modificaciones al Código Penal.
La iniciativa más criticada por la oposición fue la que se refiere al Ministerio Público Fiscal, encabezado actualmente por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien es cuestionada por la oposición por su presunto alineamiento con el Poder Ejecutivo.
En el inicio del debate, la oficialista Graciela Giannettasio sostuvo que "el núcleo" de las críticas de la oposición a esa iniciativa "no está puesto en el Ministerio Público Fiscal ni en la redacción de la norma, sino en la persona que lo ejerce".
"Tratar de deslegitimar la discusión por alguien en particular no me parece en absoluto honesto", evaluó Gianettasio durante su defensa de la iniciativa.
Uno de los más críticos de ese proyecto fue el radical Manuel Garrido, quien advirtió que "esta ley le da amplias atribuciones a la procuradora" porque, entre otras cosas, "le permite a la procuradora designar su línea de sucesión" en caso de ausencia.
Por su parte, el macrista Pablo Tonelli centró sus críticas en el proyecto de implementación del Código Procesal y en el de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, porque son los que establecen que el nuevo cuerpo normativo comience a regir en la Ciudad de Buenos Aires.
Para Tonelli, estas iniciativas "violan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires" porque "el Congreso carece de atribuciones para organizar la Justicia en la Ciudad, la única competencia que tiene es resolver cuándo y cómo hace la transferencia de la Justicia la Ciudad".
Entre los puntos principales del paquete de proyectos, se encuentra la fecha de entrada en vigencia, que originalmente era el 1 de septiembre de 2015 y luego del debate de la Comisión Bicameral que analizó las iniciativas se postergó para el 1 de marzo.
Los proyectos establecen además que el nuevo Código empezará a regir para la Justicia Nacional en la Ciudad de Buenos Aires y que será la Comisión Bicameral la encargada de monitorear la puesta en marcha del nuevo cuerpo normativo.
En este sentido, la Comisión será asistida por una secretaría tícnica y un comití asesor integrado por representantes de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, la Procuración General, la Defensoría General y el Poder Ejecutivo.
Fuente: c3m.com.ar