Tras el rally de decretos de necesidad y urgencia con el que puenteó al Congreso el mes pasado, el Gobierno continúa en plena alimentación de una calesita fenomenal a la hora de definir la viabilidad o no del proyecto de financiamiento político para que empresas puedan girar fondos. Los plazos para activar cambios reales en cuanto a transparencia se acaban dentro de unas semanas y en la bandeja del Ejecutivo aparece, como última opción, obviar el debate de una ley y al menos gatillar un delicado decreto reglamentario para bancarizar aportes.#
En la actualidad, el dinero “en negro” manda a la hora de las campañas políticas -así como en muchas otras áreas en las que no se mueven oficialismo y oposición-, situación que deriva en balances no aprobados o graves denuncias, como la que se dio contra Cambiemos en la provincia de Buenos Aires tras las elecciones de 2017. Quienes continuarán con aportes al “sistema” vía mayor presión fiscal serán, como siempre, los contribuyentes.
Mientras el reloj corre, gran parte de la “política” festeja. “Los fondos que no son ‘en negro’ salen muchas veces del erario público de gestiones nacionales, provinciales y municipales, y una bancarización de aportes a través de un decreto reglamentario podrá ser polémico pero eliminaría ese papelón, aunque no permitirá el aporte de empresas. Para ello se necesita una ley y creo que el problema está ahora más en el oficialismo que en la oposición”, señaló a Ámbito Financiero un operador top del Congreso de fluidos vínculos con todos los partidos.
La referencia a la discordia en el Ejecutivo pasa por la falta de consenso en Diputados entre la Coalición Cívica -no quiere que las empresas aporten y votarían sólo en general un proyecto, para luego dejar liberado al oficialismo en el tratamiento en particular de la ley- y el resto de la bancada de Cambiemos. También aparecieron algunas extrañas quejas aisladas del radicalismo contra su socio macrista.
En diciembre pasado, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias y la ley de financiamiento político apareció en el temario, aunque nunca se trató. Cambiemos se enfrascó y batalló en Diputados con la ley antibarras, que fue limada por la oposición y frenada por algunos operadores futbolísticos que responden al jefe de Gabinete, Marcos Peña, tal como adelantó este diario.
Desde el mes pasado, Casa Rosada anunció en reiteradas ocasiones un supuesto llamado a extraordinarias para febrero próximo. En el medio, plumeó el DNU para poner en vigencia el régimen de extinción de dominio -para recuperar bienes de la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos- sobre el que patinó en varias ocasiones el resbaladizo ministro de Justicia, Germán Garavano. Semanas atrás, el funcionario dejó en soledad al oficialismo durante el debate de la ley antibarras.
Ante una eventual pero cada vez más lejana convocatoria a extraordinarias, oficialistas y opositores tienen como prioridad la ley de financiamiento, pese a las persistentes dudas de Casa Rosada y de algunos peronistas. El proyecto comenzará por el Senado -ya hay dictamen consensuado entre Cambiemos y el justicialismo- y Diputados estaría en condiciones de sancionarlo durante las primeras semanas de marzo, ya en sesiones ordinarias.
En las últimas horas, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec, que comanda Julia Pomares), junto con Poder Ciudadano (PC) y la Red de Acción Política (RAP) convocaron a “crear consensos para aprobar urgentemente” una nueva ley que permita “financiar eficientemente, con equidad y transparencia las campañas” políticas.
Fuente: c3m.com.ar