El proyecto de alquileres se convirtió en ley tras un derrotero legislativo que duró más de cuatro años. La defensa inicial de la Ley de Alquileres estuvo a cargo de la correntina Ana Almirón, quien destacó que la norma “supera la legislación vigente” y propicia “un equilibrio” en la relación contractual entre dueños e inquilinos.
La senadora oficialista sostuvo que “el 17 por ciento de las familias argentinas acceden a la vivienda a través del alquiler” y “casi el 41% del ingreso familiar” se destina a pagar el arrendamiento.
“Esta ley es una respuesta que están esperando más de nueve millones de argentinos. Otorga certeza, agilidad y un balance de poder para todas las partes involucradas”, agregó.
Antes de que la oposición se retirara y se desconectara de la sesión remota, el senador de Juntos por el Cambio, Humberto Schiavoni, había afirmado “estamos de acuerdo en el espíritu y la letra del proyecto, pero nos vamos a abstener de participar en su votación porque se trata de un proyecto que está afuera de lo que habíamos acordado para estas sesiones remotas”.
Por su parte, la oficialista Silvina García Larraburu, recordó que ya se la había dado media sanción a un proyecto sobre alquileres pero “lamentablemente, por una decisión del ex presidente Mauricio Macri, fue cajoneado”. “Ahora lo vamos a hacer en nuestro gobierno. Vamos a legislar para ampliar derechos y garantizarle a las personas el acceso a la vivienda”, destacó la rionegrina.
La nueva norma establece, entre otros puntos, la extensión de los contratos de dos a tres años y la actualización anual de los precios, en lugar de ser de forma semestral como ocurre actualmente.
Además, el aumento anual deberá hacerse sobre un índice conformado por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de salarios (RIPTE).
Por otra parte, la iniciativa establece que “los contratos de locación deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”, un punto importante porque evitará la firma de contratos “en negro”.
La AFIP deberá definir el plazo y la forma de esta declaración, pero se trata de un punto central porque obligaría a los propietarios a “blanquear” el ingreso que perciben por el alquiler, algo que generó contrapuntos en anteriores ocasiones sobre el tema.
Además, al existir un registro legal de alquileres se acelerarán las posibilidades de desalojo de los “okupas”, quienes suelen demorar el trámite judicial presentando supuestos contratos de alquiler -que luego resultan apócrifos- para argumentar que fueron estafados en su “buena fe”.
El proyecto también amplía las garantías que podrá presentar el inquilino ante el locador, al contemplar tanto la garantía propietaria, como el seguro de caución, el aval bancario, la garantía de fianza o fiador solidario y el recibo de sueldo.
Por otra parte, se establece de modo taxativo que las expensas extraordinarias serán responsabilidad del propietario, quedando a cargo del inquilino solo las ordinarias, que incluyen los gastos habituales del edificio (salario del encargado, limpieza y otros conceptos).
El segundo proyecto que el oficialismo aprobó en solitario fue el que más resquemores provocaba en la oposición. La iniciativa propone suspender por 180 días la inscripción de la SAS nuevas y, en ese lapso, las que ya fueron creadas deben ratificar su inscripción ante la IGJ cuya jurisdicción sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el resto de las provincias tienen sus propios registros de sociedades.
Juntos por el Cambio, a través de la palabra de la senadora Laura Rodríguez Machado, argumentó que el proyecto modificatorio de la norma sancionada duarente la presidencia de Mauricio Macri, “no solo no tiene nada que ver con la pandemia, sino que hace un daño enorme al suspender la inscripción de sociedades que dan trabajo a los argentinos”.
