En un escrito de más de 172 páginas, el magistrado se refiere a los hechos denunciados por la actual Interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sobre la producción de inteligencia ilegal “contra personas políticamente expuestas, sin la debida autorización judicial”. Esa denuncia apuntaba a las “carpetas” que se abrieron en la AFI para el “perfilamiento” de los periodistas acreditados en la cumbre del G20 de 2018.Además, de las tareas de inteligencia llevadas a cabo en la persona de Cristina Fernández de Kirchner, su domicilio, y en el Instituto Patria.
En la resolución, Augé hace referencia a la declaración de Coste, y afirma que “en cuanto al conocimiento que podía llegar a tener Gustavo Arribas de las ordenes que emanaba Majdalani a Alan Ruiz, él puede confirmarlo porque la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos dependía directamente de Arribas y fue dicha dirección la que armó todas las notas de contenido falso que antes mencionó”.
Además agrega que Coste “manifestó que desde que asumió como director de la mentada dirección, ya tenía conocimiento que Alan Ruiz respondía directamente a su superior directo, es decir, a la sub directora, Silvia Majdalani; que le consta que Silvia Majdalani le daba órdenes a diario a Alan Ruiz, como por ejemplo con el tema del G-20 y como Majdalani tenía la necesidad de tener información diaria, hablaba todo el día con Alan Ruiz para saber cómo estaba la situación en la calle”.
El juez de Lomas de Zamora, sostiene que“es dable concluir que si bien Alan Ruiz fue presentado desde su llegada como Director de Operaciones Especiales, en los hechos, este se desenvolvía por encima de sus pares y superiores, y actuaba de acuerdo a las órdenes que recibía por parte de Silvia Majdalani, quien a su vez reportaba al Director de ese organismo, Gustavo Arribas”.
Agrega que Arribas y Majdalani engañaron a la Bicameral y a la justicia en un “intento de ocultar el espionaje ilegal”.“Luego de haber llevado a cabo esas acciones y de que se las descubriera, los imputados Arribas y Majdalani trazaron una nueva estrategia delictiva: la de engañar a distintas autoridades a las que les correspondía el contralor de los actos llevados a cabo (Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de inteligencia del Congreso de la Nación) y la investigación penal (Poder Judicial). En esta segunda etapa del delito investigado Arribas, Majdalani y Coste, a pedido de ellos, junto a Ruiz y otros funcionarios, confeccionaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos”, señala.
En la parte resolutiva, el Augé indica que”los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, calidad revestida por Gustavo Héctor Arribas, Silvia Majdalani y Martín Coste, tienen prohibido realizar tareas de inteligencia vinculadas con la política o seguridad interior y los elementos de prueba compilados en la pesquisa dan cuenta que las actividades desarrolladas por los imputados, fueron justamente aquellas prohibidas por el art. 2 y 4 de la ley de inteligencia 25520″.