Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe
Hace cuatro años Argentina entraba con el Covid en la tragedia de lo que sería luego un terrible fenómeno médico psicológico cuyos efectos post traumáticos – y físicos- quizás perduren en no pocas personas. Hoy estamos en el umbral de algo similar con el dengue.
En primer lugar sería muy saludable para la población que políticos y opinólogos no comiencen con el perturbador ejercicio de revolearse culpas para capitalizar algún supuesto favor político en torno de las responsabilidades por lo que ya es una epidemia de dengue; ello no hará que desaparezca el mosquito transmisor.
Más bien los gobernantes deberían procurar que en los sectores más vulnerables no falte repelente (de la misma manera que el barbijo y alcohol diluido durante el Covid) para evitar la transmisión de la enfermedad a causa de los mosquitos infectados.
La Provincia puso su Laboratorio Industrial Farmacéutico – Lif – a trabajar a destajo para la producción del repelente, que es distribuido en efectores públicos para personas que lleguen con síntomas de dengue. Debido al altísimo costo de los productos industriales (monopolizada en una sola marca: Off) y a la crisis económica, quizás el gobierno debería estudiar la manera de que los frascos oficiales lleguen a esos sectores que no pueden comprar el producto comercial, para disminuir la transmisión; sin contar tareas de eliminación del vector Aedes Aegypti, el mosquito “hogareño” transmisor del dengue, chikungunya y zika.
Una gestión reflejada en las encuestas.
A todo esto la vida institucional continúa, y la legislatura santafesina sancionó el día previo al súper feriado más de 30 modificaciones al Código Procesal Penal para hacerle frente a la calamidad del narcotráfico, básicamente en Rosario; modificaciones que el tiempo avalará su efectividad, o le dará la razón a quienes (como el Diputado Carlos del Frade) argumentaron que no sólo serían inocuas, sino que agravarían algunos problemas (básicamente relacionados con el siempre sospechado accionar de nichos policiales en Rosario).
Ahora el Gobernador Maximiliano Pullaro junto a la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, están empeñados en que el Congreso baje la edad de imputabilidad de los menores a los 14 años (Bullrich llegó al extremo de proponer los 12 años).
El propio Gobernador santafesino razonó que un pibe de 14 años “que agarra un arma; va y mata, sabe lo que está haciendo”, en referencia al ya detenido menor de 15 años, actualmente alojado bajo un régimen de la Secretaría de la Niñez, acusado de asesinar salvajemente al empleado de la estación de servicio en Rosario.
Con estas trascendentes modificaciones al Código Procesal Penal, sumada a la Juicios por Jurados Populares, la gestión de Maximiliano Pullaro (con mayoría en ambas Cámaras) logró que en menos de cuatro meses se sancionaran 15 leyes enviadas por el Poder Ejecutivo. El Diputado socialista Rubén Galassi enumeró que durante los cuatro años de Miguel Lifschitz, se transformaron en Ley 45 mensajes del Poder Ejecutivo; mientras que en la gestión de Antonio Bonfatti vieron la luz con fuerza de Ley 33 mensajes de la Casa Gris.
En Diputados, la dupla radical José Corral y Dionisio Scarpín (los dos líderes de listas, marcadores de punta con proyección política ofensiva) junto al sólido bloque socialista que conforman la mayoría del Frente, son el puntal del gobierno. En el Senado, Pullaro descansa en la sapiencia del líder radical Felipe Michlig, que se las ingenia para conseguir que el peronismo acompañe – muchas veces con diferencias de criterio respecto de sus compañeros diputados- las iniciativas oficiales, junto al “monobloquista” Raúl Gramajo Benavídez.
Pullaro le sigue sumando dinamismo a su mandato; y ello se vio reflejado en dos recientes encuestas: una provincial realizada por Management & fit que le otorga casi un 63% de aprobación a su gestión; mientras que PULSO lo ubica a nivel nacional con un diferencial positivo de más 14.2 puntos, seguido por el “proista” chubutense Ignacio Torres con mas 8.4 puntos, y el peronista cordobés Martín Llaryora con 4.3 de diferencial positivo.
Curiosamente no figura en esa grilla Axel Kicillof, quien utilizando solapadamente la desesperación de su vecino Maximilino Pullaro en pleno pico de violencia rosarina, mató dos pájaros de un tiro en su ya lanzada campaña presidencial rumbo al 2027: ayudó a Pullaro y le mojó la oreja a Milei, enviando 80 móviles a Rosario y firmando luego un convenio de cooperación con el gobernador santafesino en la limítrofe San Nicolás de los Arroyos; dos hechos que hidalgamente Maximiliano Pullaro ponderó y agradeció.
Algunos analistas políticos pensaron que eso fue una especie de abrazo del oso, aunque otros insisten en que “los K son parte de la historia, en cualquier versión”.
Docentes: ¿la última será la vencida?
Este lunes el gobierno, con una disminución del 10% de los recursos coparticipables internos a municipios y comunas, hará la última y definitiva oferta salarial a la docencia, que en su estamento de gestión pública en las últimas tres semanas (contabilizando los últimos 4 días de feriados) solo asistieron a las aulas en seis oportunidades.
Si tenemos en cuenta que las gremiales médicas AMRA y SIPRUS rechazaron el 17% ofrecido la semana pasada, y que el rango de aumentos aceptado por UPCN y ATE estuvo entre el 17% y el 20%, ¿por qué inferir que a la docencia se le ofrecería algo distinto?.
En este sentido, el Gobernador Pullaro admitió que en caso de continuar con las huelgas, evaluaría seriamente comenzar a descontar los días no trabajados a los docentes.
El sistema educativo santafesino hoy insume un tercio de billón de pesos en pagar reemplazos, que en el fondo es el costo de los que faltan.
Mientras tanto el Gobernador Pullaro le dio una prudente venia a la Casa Rosada para avanzar en la nueva versión de la Ley Bases, condicionando el pleno apoyo a cuestiones tales como: no perjudicar a los sectores productivos, pago de la deuda Ansés con la Caja de Jubilaciones (unos 600 mil millones de pesos), Ganancias, Fondo Compensador del Transporte (los santafesino pagamos impuestos cada vez que cargamos combustibles, y no vemos un solo peso en contraprestación de ello).
Maximiliano Pullaro tiene dos diputados nacionales radicales: Mario Barletta y Melina Giorgi; el resto son tres libertarios y seis del PRO (que votarán a favor de la Ley). Los seis peronistas y dos socialistas están dispuestos a votar en contra.