Con una lluvia de críticas a la Armada y diferencias entre la oposición y el oficialismo por las responsabilidades políticas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, una comisión bicameral especial conformada para investigar el hundimiento del submarino ARA San Juan presentó ayer, de manera formal, el informe final tras más de 16 meses de trabajo.#
La actividad de los legisladores derivó en 6.900 fojas divididas en 14 cuerpos y 21 anexos confidenciales y secretos. Ahora, la lupa fue direccionada a la juez federal Marta Yáñez, responsable de la causa y criticada por algunos legisladores por supuestos obstáculos que le impuso a la bicameral a la hora de contar con documentación del expediente, según denunció ayer su titular, el senador peronista y ahora cristinista José Ojeda (Tierra del Fuego). Veamos lo que dijo la comisión:
Resumen del siniestro. En las conclusiones del informe, la comisión dejó claro que el 14 de noviembre de 2017, “un incendio eléctrico en su batería N° 3 desencadenó otros incidentes de magnitud que no pudieron ser controlados por su dotación, con la consiguiente pérdida de plano hasta producirse la implosión por sobrepasar su profundidad de colapso del casco resistente del submarino ARA San Juan”.
Como factores “coadyuvantes”, la bicameral remarcó que “la falta de precisión en la determinación de los procedimientos y roles de emergencia en navegación para incendios de baterías en submarinos”; la “minimización de las consecuencias del incendio eléctrico declarado a bordo en toda la cadena da mando”; y el “inadecuado manejo de la emergencia, durante las horas críticas, desde las bases operativas en tierra”.
Durante la presentación, el secretario de la comisión señaló que “la falta de recursos presupuestarios a lo largo de las distintas administraciones, la ausencia de actualización tecnológica y un nivel mínimo de mantenimiento en función de las horas de uso, produjeron un creciente deterioro del material, limitando sus condiciones operativas”. Y agregó: “La falta de actividad limitó la transmisión de experiencia necesaria. Persisten dificultades para la selección del personal idóneo para cubrir aquellos cargos de mayor responsabilidad en la Armada”.
Armada. El entonces jefe de Estado Mayor general de la Fuerza, Marcelo Srur, estaba en Montevideo para recibir una distinción. En tanto, el jefe de Adiestramiento y Alistamiento, Luis López Mazzeo, en encontraba en Chaco en medio de una campaña de vacunación.
Para la bicameral, y previo al hundimiento, esa situación impidió la supervisión, dilató el tiempo necesario para la toma de decisiones y dificultó lo que los expertos denominan “el poder de veto para interrumpir el proceso de decisión tomado por escalones inferiores, es decir, que cualquiera de ellos ordene una acción específica al conocer la incidencia”. Como agravante, expresaron que se estaba “culminando, según los testigos recopilados, el mayor ejercicio naval de los últimos 30 años”, y que López Mazzeo viajó a Chaco “aún en conocimiento de la emergencia y la falta de contacto con el submarino”.
Tras recordar la secuencia inicial de comunicaciones desde que el ARA San Juan informó inconvenientes con otros jefes -entre los que estaba el entonces comandante de la Fuerza de submarinos, Claudio Villamide-, los legisladores manifestaron que “existió una subestimación inicial del incidente lo suficientemente grave”, y que “ello generó que el comandante del submarino no se declare en emergencia o haya pedido apoyo, ni que los mandos de la Armada, independientemente a que el capitán de navío Fernández no lo haya hecho, estudiaran alternativas para auxiliarlo”. También resaltaron que no se contempló el antecedente “gravísimo” por un incendio de baterías por ingreso de agua de 1995.
Sobre Srur, la bicameral aseveró que el mismo tuvo un manejo “deficiente” de la crisis. Antes citaron que, “en principio, no tomó la situación en su verdadera dimensión ni adoptó las medidas congruentes con la misma” y que “mantuvo información sensible en su poder”, entre otras cuestiones. Con posterioridad, la comisión acusó a la Armada de una “inusitada prisa por atribuir responsabilidad a la línea directa de mando del submarino”, y en la misma página del informe menciona una “desprolijidad administrativa” y su “posible litigiosidad en perjuicio del Estado”. Además, hubo internas entre los propios jefes de la fuerza que derivó en una “catarata de solicitudes de pases a retiros inédita en la Armada”.
Cruce. La oposición aseguró que Aguad asumió en julio de 2017 y “mantuvo en su cargo a los altos mandos de las fuerzas, no constando en autos que hiciere un análisis pormenorizado de sus condiciones personales y de su aptitud para el mando”. Es decir, que el perfil de los jefes “era el adecuado”. El oficialismo criticó esta cuestión, ya que varios ascendieron sin problemas en años y gobiernos anteriores.
Para peronistas y kirchneristas, al estar en conocimiento de los informes del estado de la flota en general, “no puede descartarse su responsabilidad política en el incidente en cuestión, dado su conocimiento específico”. También lo criticaron por el “ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a los familiares”, dilaciones “en la contratación de la empresa que se dedicaría a la búsqueda de la nave”, y “desmanejos y omisiones” que “comprometen la posición del Presidente de la Nación y de su jefe de Gabinete de Ministros”.
Como corolario, la oposición sostuvo que el presidente, en calidad de jefe de las Fuerzas Armadas, “exhibió un bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia”, ya que “sostuvo en el cargo al ministro luego de los hechos y de su cuestionable desempeño”. Los próximos pasos, ya deslizados por algunos legisladores, el pedir el juicio político a Aguad. De allí la firma en disidencia del oficialismo con respecto a algunos puntos de las responsabilidades políticas.
Fuente: c3m.com.ar