El economista Eduardo Conesa analizó en Otros Ambitos (Pop radio 96,1) las primeras medidas del nuevo gobierno nacional y dijo que le presentó al equipo de Macri un plan de 28 puntos para el crecimiento, en rígimen de competencia y libertad.
I.. Eliminación del cepo cambiario, con tipo de cambio competitivo y estable. Stand by del FMI y shock de confianza.
Esta política tiene por objeto promover las exportaciones, la sustitución eficiente de las importaciones y la creación de empleo, en un rígimen de competencia y libertad económica. Implica, en esencia, el fomento del crecimiento de la productividad y, en definitiva, el aumento genuino de los salarios reales, en el mediano y largo plazo, con alto contenido de efectiva y no declamatoria justicia social.
El stand by con el FMI es necesario para estabilizar el tipo de cambio, inicialmente, a un nivel de 14 pesos por dólar. El acuerdo con el FMI es menester, pues este organismo está en contra de los fondos buitre, nos proporcionaría unos 20 mil millones de dólares, para alimentar las reservas monetarias del Banco Central y establecer el shock de confianza que necesita nuestra economía. El capítulo 59 del libro “Macroeconomía y política macroeconómica” brinda un resumen de los fundamentos de esta política de Estado, esencial para el desarrollo económico.
II. Reducción de la tarifa de importación con tendencia hacia la uniformidad con el 10% de promedio.
Consistente con la apertura de la economía a la exportación y el tipo de cambio competitivo, y tambiín con la eliminación de los ROE y las DJNI, se debe abrir la economía a la importación, con tendencia a un sistema similar al que existe en Chile. De esta manera, se mejoraría enormemente la asignación de los recursos de la economía y se permitiría, paradójicamente, duplicar la recaudación de la tarifa aduanera de importación. La rebaja de la tarifa de importación permitirá obtener un tipo de cambio de equilibrio más alto y más competitivo, que protegerá a las industrias eficientes.
III. Reducción de la retención a las exportaciones de soja a un máximo de 10%, y eliminar las demás retenciones a las exportaciones.
Consistente con la gran apertura que se observa en la economía mundial, la expansión de las importaciones agrícolas de China, del este de Asia y la reducción del proteccionismo agrícola europeo, nuestro país debe dejar atrás su política de altas retenciones a la exportación tradicional.
* El presente trabajo ha sido elaborado sobre la base de las sugerencias que emanan de la obra del autor, “Macroeconomía y política macroeconómica”, publicada por la Editorial La Ley, Buenos Aires, en su sexta edición (año 2015)
Convertir el MERCOSUR en una zona de libre comercio
Con la incorporación de Venezuela al MERCOSUR, este esquema de integración se ha tornado inviable e irracional. La economía del nuevo miembro tiene un sistema de precios distorsionado por el petróleo. ¿Permitiría, por ejemplo, Venezuela que Argentina importe petróleo al precio interno del mismo producto en Venezuela? Es evidente que no. Por lo tanto, se debe renegociar todo el MERCOSUR y transformarlo en una zona de libre comercio. Ello devolvería a la Argentina su soberanía sobre la tarifa externa de importación y le permitiría sancionar un rígimen tarifario similar al
chileno. Esta política, además, permitiría a la Argentina anudar tratados de libre comercio con todos los países del mundo, y particularmente con el NAFTA, como tambiín lo hicieron Míxico, Chile, Colombia y Perú, e ingresar indirectamente al gran acuerdo de libre comercio del Pacífico recientemente firmado por Chile, Míxico, Perú, Estados Unidos de Amírica, Canadá, Corea del Sur y Japón, entre otros.
La alianza con el Brasil se debe redirigir hacia la expansión de la infraestructura de transporte, energía y defensa
Con el Brasil –que tiende a una política comercial proteccionista y de sobrevaluación cambiaria– conviene acelerar la integración física por medio de: carreteras, ferrocarriles, energía hidroelíctrica y atómica; la defensa nacional; políticas comunes, en defensa de la plataforma continental sudamericana y de nuestros recursos naturales comunes. Pero el MERCOSUR, como proyecto de mercado común imperfecto, ya ha quedado arruinado en la práctica.
Superávit fiscal.
El tipo de cambio real competitivo solamente se puede mantener por largo tiempo si existe superávit fiscal, que permitirá comprar buena parte del excedente de exportaciones sobre importaciones con recursos genuinos, y crecer sin necesidad de recurrir a la emisión monetaria. El superávit fiscal previene contra la recurrencia al endeudamiento externo; se evitan así los condicionamientos a nuestra soberanía, que surgen del mismo endeudamiento.
El endeudamiento externo debe ser usado restrictivamente, para obras estratígicas concretas y específicas, que impulsen el desarrollo económico del país y nunca para financiar el gasto corriente del Estado y la sobrevaluación cambiaria, como ocurrió en 1978-81, en 1991-2001 y en 2015. El saneamiento de la finanzas del Estado debe comenzar por la reducción de los subsidios a las tarifas energíticas y del transporte, y la eliminación del clientelismo en los nombramientos del Estado.
VII. Tasas de interés bajas.
Las tasas de interés bajas serán consecuencia necesaria de las políticas de Estado antes descriptas. De esta manera se posibilitará un fuerte aumento de la inversión bruta interna y el financiamiento abundante para las empresas. En la actualidad, el financiamiento bancario de las actividades productivas –medido por el monto de los críditos bancarios en relación al PBI– es del 14%, cuando países mejor administrados, como Chile, alcanza al 90%
VIII. Restituir la autarquía del Banco Central.
La autarquía del Banco Central es imprescindible para la recreación de la confianza y el mantenimiento de reglas de juego estables para las empresas privadas, especialmente para las PYMES. La función del Banco Central debe ser brindar estabilidad macroeconómica al país, en un rígimen de pleno empleo, pero nunca financiar al Estado.
Estabilidad monetaria: incremento de los salarios anualmente, de acuerdo con el aumento de la productividad promedio de la economía.
La estabilidad monetaria debe estar reforzada por un sistema de incremento de salarios en concordancia con el aumento de la productividad promedio de toda la economía. Este sistema incentivaría la reinversión de altas ganancias en las industrias que tengan incrementos de productividad superiores al promedio, y desincentivaría la inversión en las que tengan incrementos en la productividad inferiores al promedio. Esta política aseguraría no solamente la estabilidad de precios, sino que también reforzaríá el incremento del promedio ponderado de la productividad de toda la economía, además de permitir aumentos de los salarios reales –no nominales– del orden del 100%, por lo menos, a lo largo de un período de 10 años. Todo ello, sin inflación.
Recientemente el economista francís Thomas Piketty demostró que la política más eficiente para redistribuir el ingreso, a favor de los trabajadores, es una política de crecimiento económico acelerado, como la propuesta en este plan económico. Piketty demuestra, entre otros hallazgos, que el progresismo es tributario del desarrollismo, y que el estancamiento económico es profundamente reaccionario. El capítulo 57 de “Macroeconomía y política macroeconómica” analiza a fondo esa temática.
Sanear el INDEC y ubicarlo en jurisdicción del Congreso Nacional (art. 75, inc. 11, de la Constitución)
El saneamiento del INDEC es esencial para inspirar confianza y restablecer el prestigio y la credibilidad del Estado argentino. Un Estado que falsifica sus propios números ataca el corazón mismo de la buena fe que debe reinar en una sociedad. Si el Estado, cuya función es asegurar la justicia, el bien común, el equilibrio sectorial y el desarrollo económico, falsea las estadísticas, se convierte en un estafador, lo cual es contradictorio con la ejemplaridad que deben inspirar quienes mandan. El art. 75, inc. 11, preceptúa que corresponde al Congreso hacer sellar la moneda y fijar su valor y el de las extranjeras, así como establecer un sistema de pesas y medidas para toda la Nación. Por ello, debiera fijar el tipo de cambio en tírminos reales, lo cual significa indexar nuestro tipo de cambio y terminar con la práctica de las recurrentes sobrevaluaciones cambiarias argentinas que, por cuatro veces en 70 años –1949-55, 1978-81, 1990-2001 y 2011-15– destruyeron nuestro desarrollo exportador y nos sumieron en el atraso que hoy experimentamos los argentinos.
El INDEC que mide los valores monetarios de los bienes y servicios, debiera funcionar en jurisdicción del Congreso, con funcionarios de carrera inamovibles y cúpula designada con el acuerdo de los dos tercios de los miembros del Senado nacional. El capítulo 49 de “Macroeconomía y política macroeconómica” brinda al respecto un proyecto de ley con sus fundamentos.
Desdoblar las funciones de la moneda y establecer una “unidad de cuenta estable”, similar a la unidad de fomento chilena.
La moneda tiene tres funciones, a saber: la de medio de cambio, la de unidad de cuenta y la de reserva de valor. Se trata de poner las dos últimas en cabeza de una moneda virtual, como en Chile. Esta propuesta tiene por objeto mantener al peso argentino en su función esencial de servir de medio de cambio, pero quitarle las otras dos funciones que no ha sido capaz de cumplir (la de unidad de cuenta y de reserva de valor). Las dos últimas pasarían a ser desempeñadas por una “unidad de cuenta estable”, similar a la “unidad de fomento” existente en Chile, donde los depósitos bancarios a plazo fijo, por más de tres meses, están automáticamente indexados con el índice del costo de vida. Las hipotecas, las jubilaciones y el tipo de cambio tienen el mismo tratamiento. Sobre estas premisas Chile se ha convertido en una pequeña potencia económica, desde 1983 a la fecha. Ese sistema permitiría fundar un mercado de capitales a largo plazo, con bajas tasas de interés y evitar la fuga de capitales que, en los últimos nueve años alcanzaron, en nuestro país, la suma de 90 mil millones de dólares. Con este sistema de la moneda virtual los argentinos no pensaríamos en el dólar, como unidad de cuenta ni de reserva de valor, y se evitaría la sangría que representa la fuga de capitales. Por otra parte, la moneda virtual y la indexación están relacionadas con las políticas, VII, VIII, IX, X y XVI. El capítulo 49 de “Macroeconomía y política macroeconómica” brinda al respecto un proyecto de ley con sus fundamentos.
XII. Desalentar las deudas internas en dólares.
Correlativamente con la moneda virtual y la indexación de deudas en pesos, se debería desalentar –nunca prohibir– el mercado interno de deudas en dólares, para evitar crisis sistémicas, como las de los años 2001 y 2002. Además, se fomentaría así la demanda de moneda nacional, y por esta vía se reforzaría la estabilidad monetaria y se alejaría el fantasma de la hiperinflación. Cuando un país tiene dos monedas, la antigua ley de Gresham indica que se ahorra en la buena moneda (el dólar) y se gasta en la mala (el peso), lo cual incrementa artificialmente la velocidad de circulación de los pesos. En consecuencia, ante cualquier crisis en las finanzas del Estado, la emisión monetaria de moneda con alta velocidad, para financiar al gobierno, provoca hiperinflación. El capítulo 49 de “Macroeconomía y política macroeconómica” brinda al respecto un proyecto de ley con sus fundamentos.
XIII. Formación de un mercado de capitales a largo plazo en pesos, para financiar a las empresas privadas y la compra de viviendas con hipotecas a largo plazo.
Con un sistema monetario similar al chileno, se darían las condiciones para recrear la cídula hipotecaria para financiar la construcción de viviendas con plazos de hasta 30 ó 40 años, y la industria de la construcción, como en los tiempos de la República. La moneda virtual y la consiguiente indexación de las deudas en pesos ayudará tambiín a la formación de un mercado de capitales a largo plazo, análogo al chileno para el financiamiento y la compra de bienes de capital por las empresas privadas. La cídula hipotecaria permitiría establecer un título de renta como el que en los años 20 y 30 del siglo pasado tuvo prestigio mundial. El financiamiento abundante de la industria de la construcción a bajas tasas de interés es esencial para el fomento del empleo, dado que este sector es altamente intensivo en el uso de mano de obra y, además, tiene muchos eslabonamientos con las demás industrias.
XIV. Ley del servicio civil para contar con un funcionariado competente, estable, reclutado por exámenes y ascendido, según sus méritos en el desempeño, como garantía de estabilidad de las políticas de Estado adoptadas.
Es imposible llegar a ser un país desarrollado sin un funcionariado de calidad. Al respecto, tenemos preparado un anteproyecto de ley para cumplir con este requisito. En tiempos de la Republica se supo organizar y mantener un ministerio de educación modelo en el mundo. En general, el Estado, en lugar de ser competente y meritocrático, hoy se ha transformado en Estado clientelista, ineficiente y mero botín de guerra del partido que gana las elecciones. Se puede afirmar, categóricamente, que el desarrollo económico a largo plazo es imposible con el Estado clientelista-corrupto, que en la actualidad posee la Argentina. Max Weber recordaba que frente al Estado como botín de guerra de los tiempos antiguos y de los países subdesarrollados, “se sitúa ahora el funcionarismo moderno en un cuerpo de trabajadores intelectuales altamente calificados y capacitados profesionalmente por medio de un prolongado entrenamiento especializado, con un honor de cuerpo altamente desarrollado en interés de la integridad, sin el cual gravitaría sobre nosotros el peligro de una terrible corrupción o de una mediocridad vulgar, que amenazaría al propio tiempo el funcionamiento puramente técnico del aparato estatal, cuya importancia, mayormente con una socialización creciente, ha aumentado sin cesar y seguirá haciéndol[1]. El capítulo 58 de “Macroeconomia y politica macroeconomica” brinda al respecto un proyecto de ley con sus fundamentos.
Reforma profunda del sistema educativo y conectarlo con el ingreso a la administración pública por mérito.
Es necesario establecer un sistema de educación primaria que favorezca la igualdad de oportunidades y refuerce particularmente la educación pública de calidad en las zonas y los barrios más pobres del país. Se hace necesario también restablecer la calidad de la escuela secundaria, al nivel que tenía 60 años atrás. Para ello son imprescindibles mediciones por medio de exámenes y premios al mérito y al estudio. El título de bachiller secundario sólo se debería otorgar despuís de un examen uniforme en todo el país, para detectar los malos colegios y así poder mejorarlos, como existe en Brasil. Además, es necesario conectar al sistema educativo con el ingreso a la administración pública; ísta debe tener dos grandes categorías de empleados: profesionales y no profesionales; en el nivel profesional solamente deben poder ingresar a la administración pública los graduados universitarios con mejores notas y que aprueben los exámenes de ingreso correspondientes. El país solamente se tomará en serio a la educación, si el Estado, que provee el 25% de los empleos del país, utiliza el sistema de mérito para el reclutamiento de sus funcionarios en todos los niveles. Si esto no se hace, toda reforma educativa será puramente declamatoria, poco creíble y destinada al fracaso. Dentro del mejoramiento del sistema educativo, se deben multiplicar los recursos en favor de la educación técnica. Que los jóvenes aprendan artes y oficios, única manera de crear una cultura del trabajo y alejarlos del delito. El capítulo 58 de “Macroeconomía y política macroeconómica” brinda al respecto un proyecto de ley con sus fundamentos.
XVI. Deducción impositiva plena para las escuelas técnicas de capacitación profesional, anexadas a las empresas privadas de las industrias manufacturera y agricola comercial.
La necesidad de crear empleos y disminuir las altas tasas de desempleo y subempleo, es imperiosa en la Argentina actual. La altas tasas de desempleo y subempleo están hoy disimuladas por los llamados planes sociales. Además, el desempleo y subempleo son particularmente altos entre los jóvenes. Todo ello indica que se deben redoblar los esfuerzos para la capacitación profesional de los empleados de las industrias manufacturera y agrícola-comercial.
El Estado no está en condiciones de hacer por sí solo este esfuerzo. Por ello, se requiere acudir a la colaboración de las empresas manufactureras y agrícolas privadas, usuarias de la fuerza de trabajo. Como incentivo, se deben otorgar importantes deducciones impositivas en caso de que ellas establezcan escuelas en su seno, para enseñar las técnicas de producción inherentes a su objeto. Esta fuerte deducción impositiva es imprescindible, pues de lo contrario, si una empresa decide capacitar a su personal y gasta importantes recursos, luego aparecerá otra empresa para ofrecer empleo y absorber al personal capacitado por la anterior. Estas son las llamadas deseconomías externas, ampliamente conocidas por su carácter nocivo en la historia del desarrollo industrial.
XVII. Puerto de aguas profundas para dar salida a la exportación del MERCOSUR y de Chile, y bajar los costos de los exportadores.
Consistente con la política de crecimiento fundada en el tipo de cambio real alto, y la promoción de las exportaciones, zse debe remover la limitación que para nuestro país representa el actual puerto de Buenos Aires, que sólo admite pequeños buques de 30 ó 40 mil toneladas, cuando la mayor parte del gran comercio internacional utiliza hoy en día buques de 100 ó 200 mil toneladas, que requieren puertos de aguas profundas.
Un lugar ideal para esta inversión debería ser la zona al este de la ciudad de La Plata, en la desembocadura del río. En ese lugar, los costos de dragado son bajos y sólo se deben hacer una sola vez, porque la dinámica de las corrientes del río y marinas permiten mantener la profundidad. La República Argentina debe su existencia como tal al puerto de Buenos Aires, que ante el desarrollo de la tecnología y el comercio internacional actual ha devenido insignificante, como nuestro propio país. Por lo tanto, debe ser reemplazado por otro que dé salida a las exportaciones del país, las que, en el largo plazo, deben alcanzar los 800 mil millones de dólares, como las exportaciones de Corea del Sur en la actualidad, y no solamente nuestras decepcionantes 60 mil millones del año 2015.
XVIII. Plan Laura, de carreteras para bajar los costos de transporte, aumentar la eficiencia de la economía y reducir los accidentes.
Existe un extraordinario plan de autopistas, preparado por el doctor Guillermo Laura y su equipo, que puede ser implementado con gran rapidez, y que permitiría materializar a bajo costo un sistema de autopistas de unos 13 mil kilómetros de extensión: su construcción permitirían bajar los costos del transporte, aumentar la eficiencia general de la economía y reducir los accidentes, dado que nuestro país, en este último punto, tiene el peor récord mundial.
Tal plan de autopistas se debe reconectar con el puerto de aguas profundas, y se debe complementar, además, con el restablecimiento de una moderna red ferroviaria para cargas de larga distancia, especialmente las internacionales con Chile, Brasil Paraguay y Bolivia. Todo ello debiera ser emprendido junto con un plan de múltiples aeropuertos de nivel nacional e internacional.
XIX. Planificación energética para volver al autoabastecimiento.
Nuestro país padeció, en los últimos 12 años, de una irracionalidad asombrosa en su economía energética, que nos llevó a perder el autoabastecimiento. El ministro De Vido y el kirchnerismo son los grandes responsables. Por ejemplo, pagamos U$S 1,5 para producir un millón de B.T.U. en nuestro país y, al mismo tiempo, 7 dólares a Bolivia y 17 para el gas licuado importado desde otros países.
Canalización del río Bermejo y expansión de la frontera agropecuaria.
La República Argentina tiene la posibilidad de expandir enormemente su frontera agropecuaria y la producción del campo a más de 200 millones de toneladas de granos y un stock de 100 millones de cabezas de ganado, si se incorporan grandes cantidades de tierras con un sistema de canalización y regadíos adecuados. La cuenca del río Salado, en la Provincia de Buenos Aires, es una muestra de la actual desidia oficial. Proyectos como la canalización del río Bermejo ya lleva 50 años en espera, y ningún gobierno ha sabido materializarlo. La idea consiste en llevar al desarrollo económico a las regiones más apartadas del país, mediante carreteras, ferrocarriles, canales, diques y obras de riego.
XXI. Plan de agua potable y alcantarillado, para el mejoramiento de la salud y las condiciones de vida en los grandes centros urbanos.
Consistente con la creación de empleo y el consiguiente mejoramiento en la distribución del ingreso, se debe hacer el gran esfuerzo para mejorar la salud de los sectores más desprotegidos de nuestra población. Con ese fin, es fundamental el desarrollo de un plan de provisión de agua potable y alcantarillado, que no requiere grandes inversiones financieras pero que, sin duda, ha de mejorar considerablemente las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos.
XXII. Adoptar un sistema similar al estadounidense para la declaración patrimonial, a raíz del pago del impuesto a las ganancias.
Nuestro país se caracteriza porque los argentinos invierten en el exterior y los extranjeros suelen hacerlo en el país. Cuando los argentinos invierten en la Argentina, generalmente lo hacen por la vía de sociedades extranjeras constituidas en el exterior, pero cuyo real comando está en manos nacionales. Esto, en gran medida, ha ocurrido porque la inflación y la inseguridad jurídica han inducido a los argentinos a llevar sus capitales al exterior. Se calcula que los capitales argentinos en el exterior suman más de 200 mil millones de dólares. Si se crean condiciones de confianza e incentivos adecuados, parte de este dinero podría volver lentamente al país y ser usado para promover su desarrollo sobre bases autónomas. Sin embargo, el sistema de declaración del patrimonio al comienzo y al final del período fiscal, obliga a pagar altas tasas por la repatriación de capitales, como si fueran ganancias. En estas condiciones, difícilmente estos capitales vuelvan. Por ello, se debe establecer un sistema similar al que rige en los Estados Unidos de Amírica, donde la declaración patrimonial ha sido tachada de inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, y no se exige al tiempo del pago del impuesto a la renta. Todo ello sin perjuicio, por supuesto, de la facultad del fisco para investigar, por su cuenta, el origen de los patrimonios.
XXIII. Adaptar el sistema de coparticipación impositiva a los preceptos de la Constitución
Para que disminuya la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional en el reparto de los fondos, se requiere mayor grado de autosuficiencia financiera de las provincias, fortalecer así el federalismo y aumentar la eficiencia de la economía. Se debe establecer un sistema de impuesto a la tierra libre de mejoras por ley nacional, como contribución directa a recaudar por las provincias y coparticipar por mitades con los municipios. Algo parecido intentaron hacer el presidente Roque Sáenz Peña y su ministro, Eleodoro Lobos, en la segunda dícada del siglo XX. Tambiín Ramón J. Cárcano, gobernador de Córdoba, en la tercera. Este impuesto debiera ser considerado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias y estar acompañado de la derogación del impuesto a los bienes personales y a la renta presunta de los inmuebles en todo el país. De esta manera, disminuirá la evasión del impuesto a las ganancias, pues para aprovechar el pago a cuenta, una multitud de monotributistas y evasores deberán inscribirse en el rígimen general de declaración del impuesto a las ganancias, respecto del cual la evasión alcanza al 49%, según la Cepal.
Se calcula que, en la Capital Federal, aplicar un impuesto a la tierra libre de mejoras, con alícuota del del 2% del valor venal, permitiría recaudar unos 30 mil millones de pesos del año 2012, con lo cual se hubiese cubierto la totalidad de los gastos públicos municipales y se habría brindado autonomía financiera a la CABA. Así se habría posibilitado la derogación todos los demás impuestos municipales. Este sistema, aplicado al resto del país, no sería gravoso para los contribuyentes que pagan el impuesto a las ganancias, pues gozarían del pago a cuenta de este último, pero incentivaría extraordinariamente la producción agropecuaria y la industria de la construcción en todo el país, dado que las mejoras no estarían gravadas. Cuando el emperador Meiji introdujo este impuesto en 1868, el Japón triplico su producción de arroz en tres años. El capítulo 61 de “Macroeconomia y politica macroeconómica” brinda al respecto un proyecto de ley con sus fundamentos.
XXIV. Redireccionar el sistema de subsidios hacia las personas más pobres.
Nuestro país gasta varias decenas de miles de millones de pesos en un sistema de subsidios a las tarifas de electricidad, gas y transporte, que beneficia a las familias de clase alta y clase media, más que a los pobres. El sistema de subsidios debe ser transitorio. Además, debe ir directamente a las familias pobres, mediante un sistema objetivo, de acuerdo con el número de hijos y con otros parámetros a establecer reglamentariamente. Todo ello debe ser controlado por cuentas bancarias y tarjetas de débito, con total eliminación del sistema clientelista El criterio rector debe ser el de fomentar la educación para creación de empleos y promover la autoestima de los trabajadores y trabajadoras.
XXV. Reforestación del país.
Este tema se relaciona con la necesidad de proteger el medio ambiente, la capa de ozono y la calidad de vida en el país y en el planeta entero. Puede además ofrecer enormes dividendos económicos, dadas las extraordinarias condiciones naturales de fertilidad de nuestras tierras.
XXVI. Protección de la plataforma submarina y explotación racional de nuestra riqueza ictícola y petrolera.
Flotas pesqueras de países lejanos vienen de incógnito a pescar en nuestro mar territorial y en nuestra plataforma submarina, con el efecto de depredar nuestra inmensa riqueza ictícola. Se hace necesario definir una política de defensa nacional común con el Brasil, para proteger la plataforma submarina latinoamericana y nuestras riquezas ictícolas e hidrocarburíferas.
XXVII. Restablecimiento del crídito externo argentino
Esta política se debe seguir no para volver a endeudar al país, sino para restablecer el prestigio internacional de la Argentina en el seno de las naciones, seriamente dañado en los últimos decenios, como se puede apreciar al observar su riesgo país, uno de los más altos del mundo. Con la vuelta de parte de los capitales argentinos fugados y el auxilio de entidades financieras internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, el BID y las agencias de crídito a la exportación de los países desarrollados, es suficiente para atender con creces nuestras necesidades de divisas para el desarrollo.
Durante los gobiernos de principios del siglo XX, la doctrina del profesor y jurista argentino Carlos Calvo, hizo que las empresas extranjeras dirimiesen sus diferencias con el gobierno del país receptor en los tribunales de este último. Esta doctrina argentina fue adoptada y escrita en las constituciones de muchas repúblicas hermanas latinoamericanas.
En tiempos de la segunda presidencia de Roca, la llamada doctrina Drago, de nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, Luis María Drago, enunciada en defensa de nuestras republicas hermanas latinoamericanas, alcanzó consagración unánime en el derecho internacional. En los años 30 del siglo XX, mientras Alemania, Inglaterra, Francia y todas las repúblicas hermanas latinoamericanas caían en default de sus obligaciones externas, el único país que pagaba puntualmente era la Republica Argentina. Hoy, por la desidia de nuestros gobiernos de los últimos decenios, y en especial el actual, asistimos a la humillación del vergonzoso embargo de nuestros pagos a nuestros acreedores reestructurados. Dicho embargo provino de un fallo del juez Thomas Griesa, designado en 1972 por el presidente Richard Nixon, quien, paradójicamente, a su vez, al abolir el respaldo oro al dólar billete por un simple decreto del 15 de agosto de 1971, incurrió en el mayor default de la historia de la humanidad. Los capítulos 27 y 55 de “Macroeconomia y politica macroeconomica” se refieren a esta política de Estado.
XXVIII. La no reelección presidencial
Si se trata de consolidar seriamente las instituciones republicanas en la Argentina, valdría la pena considerar la posibilidad de promover una reforma constitucional para consagrar la no reelección presidencial, con la penalidad –en caso de intentos en contrario– de aplicar el art. 29 de la Constitución nacional, referido a los actos que entrañan traición a la patria. Un mandato de cuatro años, con obligación de pasar luego al llano, obraría como incentivo a la prudencia de los presidentes. La prudencia es una virtud extremadamente necesaria para los presidentes en la Argentina, pues según la Constitución de 1994, por la vía de los decretos de necesidad y urgencia, puede ejercer facultades extraordinarias. Un presidente con propuesta republicana, que sostenga la no reelección, se convertiría en prócer de la República.
XXIX. La limitacion en el poder de nombrar del presidente
En tren de fortalecer las instituciones republicanas, cabría considerar la reforma del art. 114 de la Constitución nacional, para extender su jurisdicción a los nombramientos de todos los funcionarios públicos, no solamente a los nombramientos de jueces. Sería importante preceptuar una división tajante en dos categorías de funcionarios públicos: profesionales y no profesionales, y establecer exámenes competitivos de ingreso a la administración pública, desde el grado más bajo de cada escalafón. Los ascensos se deberían dar por mírito en la carrera administrativa. Los concursos para designar jueces y altos funcionarios suelen ser una farsa. El presidente debería solamente tener la facultad de nombrar ad limitum a sus ministros, a los secretarios de Estado, y a los subsecretarios. Éstos, a su vez, podrían designar asesores de gabinete, que cesarían en el ejercicio de sus cargos junto con el ministro, el secretario de Estado, o el subsecretario que lo hubiese nombrado, pero no deberían formar parte de la planta permanente de la administración pública. El capítulo 58 de “Macroeconomia y politica macroeconómica” brinda al respecto un proyecto de ley con sus fundamentos.
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Fuente: c3m.com.ar