El gobierno nacional escuchó el rechazo del sindicato textil a su propuesta de acuerdo tripartito para institucionalizar la flexibilización del convenio laboral de esa actividad.#
Convocados por la Secretaría de Trabajo de la Nación, representantes de la Asociacón Obrera Textil (AOT) se reunieron con el titular del área, Lucas Fernández Aparicio, y dirigentes de las cámaras empresarias. El cónclave, ríspido y sin resultados, fue convocado de urgencia por el funcionario con la intención de introducir en esa actividad varios de los puntos que integraban el fallido proyecto de reforma laboral de 2017. Entre otras cosas, la reducción y cambio en el régimen indemnizatorio, la flexibilización horaria y el fraccionamiento de vacaciones.
La urgencia oficial obedece a la necesidad de mostrar algún avance al FMI, que en marzo debe enviar uno de los mayores desembolsos que recibirá el gobierno nacional en el año electoral, por parte del organismo multilateral.
José Listo, secretario adjunto de la AOT, advirtió que los gremios del sector "no van a firmar nada". Y dijo que "cualquier reforma que quiera encarar el gobierno tiene que pasar por el Congreso nacional y debe contar con la participación de la CGT".
"El gobierno quiere promover una reforma laboral encubierta modificando cuestiones de la ley de contrato de trabajo que son inadmisible en vez de preocuparse por estudiar medidas para superar la crisis terrorífica que atravesamos", señaló.
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, había convocado a empresarios y sindicalistas a discutir una reforma laboral que incluye modificar el régimen de indemnizaciones, pago de aguinaldo, flexibilizar la jornada laboral y el otorgamiento de vacaciones y eliminar el trabajo a domicilio. Además, en sintonía con la reforma laboral que envió el gobierno al Congreso, la oficina de Trabajo impulsa una condonación de deudas de aportes y contribuciones para los empleadores dispuestos a registrar a su personal.
Sindicatos y cámaras empresarias están sorprendidos por el apuro que muestran los funcionarios para que sus representantes firmen el acuerdo. Ambos actores reclaman soluciones para la profunda crisis que afecta al sector, con cierres de fábricas y despidos masivos, pero advierten que el paquete de medidas no paliará el principal problema, que es la falta de demanda interna.
Entre los puntos que impulsa entre cámaras y sindicatos el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, figura además el denominado fondo de cese laboral. El instrumento sustituye al empleador en el cumplimiento de las obligaciones de pago de indemnizaciones por despido. La medida crea un sistema de capitalización de fondos para un despido "asegurado".
Como estaba redactado, el anteproyecto oficial de 2017 reducía el monto de las indemnizaciones ya que dejaban de contemplarse para el cálculo las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual.
"La ley de contrato de trabajo establece un piso en materia de regulación laboral que sólo puede mejorarse por los convenios colectivos", explicó Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas.
Más despidos
En el marco de la ofensiva contra los trabajadores, la empresa La Nación cerró su planta gráfica. La Federación Gráfica Bonaerense denunció que quedarán en la calle 72 trabajadores.
La impresora ubicada en el barrio porteño de Barracas se encontraba ayer cerrada y cercada por personal policial que impidió el ingreso de los operarios. La empresa ofreció un 40 por ciento de reducción salarial o el cese de las operaciones.
Sin que se agotaran las negociaciones, ya que el sindicato gráfico asegura haber aceptado una reducción del salario del 25 por ciento, la compañía optó por cerrar intempestivamente la planta durante la noche del lunes y la madrugada de ayer, cercándola con personal de infantería de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Policías también se apostaron en la redacción.
Fuente: c3m.com.ar