El subsecretario General de la Presidencia Gustavo López dijo en Otrosambitos (Pop Radio 96,1) que el proyecto abre a las empresas de servicios públicos, como las telefónicas o las distribuidoras de electricidad, a tener licencias para televisión y radio Tambiín reserva un espacio para organizaciones sin fines de lucro, como cooperativas, sindicatos e iglesias. Prohíbe a los funcionarios de gobiernos de facto ser titulares de licencias de radiodifusión. Las empresas que tengan capital extranjero en más de 30% de su paquete de acciones no podrán ser dueñas de canales o radios, a menos que, como ocurre ahora, el origen de los capitales sea de países con los cuales la Argentina tiene tratados de reciprocidad que otorguen idíntico beneficio a los argentinos con el país. En todos los casos, los propietarios de medios deberán demostrar el origen de los fondos comprometidos en la inversión a realizar.
Fuente: c3m.com.ar