El sector oficial y los bonistas coinciden en señalar que “las conversaciones están encaminadas”. Tanto es así que no se descarta la posibilidad de efectuar algún anuncio tan pronto como el próximo fin de semana.
El Gobierno decidió prorrogar la negociación con los tenedores de la deuda externa. El ministerio de Economía, culminó la redacción de una resolución por la cual se extiende por 10 días el plazo para la renegociación con los acreedores, según señalaron a Ámbito fuentes oficiales.
Cabe recordar que este viernes vence el periodo originalmente dispuesto por las autoridades como fecha límite para alcanzar un acuerdo con los bonistas. Esta decisión será trasmitida a la Security and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos.
Si bien las negociaciones se encuentran encaminadas, según coinciden tanto fuentes oficiales como de los fondos de inversión, se considera necesario contar con más tiempo para implementar el acuerdo al que se aspira.
El presidente Alberto Fernández aseveró: “No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”.
Por su parte, también se conocieron declaraciones de Hans Humes, de Greylock Capital – uno de los acreedores de la Argentina – señalando que “debería haber suficiente flexibilidad por parte de los acreedores privados” al referirse, en un evento on líne, a las negociaciones para la reestructuración de deuda soberana.
El optimismo es compartido por el Fondo Monetario Internacional. “Estamos entusiasmados por la disposición de ambos lados (gobierno argentino y bonistas) por continuar las discusiones para llegar a un acuerdo”, afirmó Gerry Rice, director de Comunicaciones del organismo multilateral.
Difícil
Las conversaciones tuvieron un comienzo difícil. Los bonistas mantuvieron fuertes discusiones con el ministro Guzmán al punto que en algún momento el diálogo prácticamente estuvo cortado, según comentan fuentes de Wall Street.
Sin embargo, desde el gobierno se señala que el presidente Fernández en todo momento tuvo una posición proclive al acuerdo y su intervención habría destrabado el diálogo.
Fruto de estos avances fue que los tres grupos de acreedores presentaron propuestas. En lo sustancial, las pretensiones apuntan a un el valor presente neto para los títulos que aspiran los bonistas se sitúa, en promedio, entre los 58 y los 60 dólares (tomando una tasa de descuento del 10%), es decir al menos unos 10 dólares por encima del valor máximo que estaría dispuesto a aceptar el país, según trascendidos.
En lo concerniente al cupón promedio, los intereses esperados por los acreedores varían entre el 4,44% y el 5,03%, es decir aproximadamente duplican el rendimiento promedio de 2,25% propuesto inicialmente por la Argentina.
Entre las diferencias centrales se encuentra el período de gracia y los intereses acumulados durante ese lapso. Los tres grupos de acreedores plantearon sólo un año de espera, contra los tres que aspira el Gobierno, y el pago de intereses acumulados – unos 1.800 millones de dólares – contra el canje de títulos, mientras que la Argentina planteó no efectuar desembolsos hasta 2023.
La presentación de las contrapropuestas dio lugar a intensas conversaciones con los bonistas en un contexto en el que “tienden a acercarse las puntas”, según fuentes cercanas a la negociación.
En las últimas horas trascendieron informaciones en los mercados en cuanto a que se están registrando progresos. Algunas versiones dan cuenta de la posibilidad de algunos pagos en efectivo antes del período de gracia de tres años (inicialmente pedido por la Argentina) que termine de destrabar el acuerdo.
Mientras continúan las negociaciones, trascendió que el presidente Alberto Fernández ya ha tomado la decisión de no pagar los 503 millones de dólares correspondientes a bonos globales que vencen el próximo viernes.
De esta forma, la Argentina caerá en un default selectivo, pero en medios oficiales se considera que este evento no tendrá mayores implicancias. Explican que, con las conversaciones en marcha y una resolución favorable a la vista, difícilmente vayan a prosperar demandas en contra del país en los tribunales de Nueva York.
