Además, la titular del juzgado Criminal y Correccional Federal 1 pidió a la justicia de Lomas de Zamora, en donde se tramita la causa por el espionaje ilegal durante el macrismo, la certificación de las pruebas sobre el espionaje ilegal en el Penal de Ezeiza cometido contra el accionista del Grupo Indalo, Fabián De Sousa.
En el escrito, María Romilda Servini solicita que además del entrecruzamiento de llamadas se realice la detección de la activación de las antenas de telefonía celular para determinar las ubicaciones de Macri y el resto de los investigados. “Deberá aportarse un gráfico dinámico comparativo y un gráfico temporal, incluyendo los datos de titularidad y ubicación aproximada de cada uno de los abonados identificados”, señala la magistrada.
En tal sentido, afirma que “las diligencias aquí ordenadas permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad”.
El entrecruzamiento de llamadas apunta a establecer la vinculación de los hechos denunciados por Fabián De Sousa, a partir de la simultaneidad de las llamadas con las situaciones y acciones de persecución sufridas por los accionistas del Grupo Indalo y sus empresas.
El expresidente Macri, sus funcionarios y los empresarios mencionados, estuvieron involucrados en los hechos de presión denunciados por De Sousa, y que también fueron ratificados en el juzgado por diferentes personas cercanas al Grupo Indalo, que relataron como los funcionarios del gobierno macrista les hacían llegar las presiones y los deseos del propio Macri para con el futuro de las distintas empresas del grupo.
Como relata la jueza en su solicitud, la denuncia de De Sousa sostiene la “existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación Mauricio Macri – o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.
En la denuncia se señalan diferentes sucesos por los que se ejerció presiones a partir de actos públicos y en la esfera privada de los dueños del Grupo Indalo, con reuniones en las que participaron funcionarios públicos y hasta el mismísimo presidente Mauricio Macri.
“Vale la pena remarcar que el querellante indicó que desde el Gobierno les habían hecho llegar la advertencia que si no eran transferidas las titularidades de los paquetes accionarios a quienes
ellos designaban, las empresas se liquidarían; y que, a partir de ello, en septiembre de 2017 se iniciaron gestiones con Orlando Terranova – quien decía recibir instrucciones de Mario Eugenio Quintana, José María Torello y Nicolás Martín Caputo – para avanzar en la venta”, explica Servini, y agrega que “con el proceso de venta en curso y de manera imprevista, a comienzos del mes de octubre de 2017, Terranova les informó que por decisión del Poder Ejecutivo Nacional darían marcha atrás con la operación2, y que un día después les enviaron nuevos interesados en la adquisición del Grupo: Damián Burgio, Ignacio Jorge Rosner y Santiago Dellatorre Balestra”.
Por otra parte, en la denuncia también consta que “en el caso de la empresa AEC S.A. – que tenía la concesión de la autopista Ricchieri -, López y de Sousa indicaron que a mediados de 2016 apareció ‘Grupo Alberdi S.A.’ con la intención de adquirirla, y que su representante Martin Rappallini, había sido referenciado por el entonces Director Nacional de Vialidad Javier Iguacel”.
Más presiones
En el escrito de 12 páginas, la jueza federal María Romilda Servini, también señala que “de manera paralela a lo aquí relatado, a inicios del año 2016 representantes del Gobierno Nacional
del Presidente Macri iniciaron gestiones con los dueños de las empresas que explotaban el negocio de los juegos de azar en la Ciudad de Buenos Aires (el Hipódromo Argentino de Palermo y el Casino Flotante), pagaran mayores impuestos. Según refirió Cristóbal Manuel López, durante el mes de enero de 2016, se reunieron junto a Federico Miguel de Achával – uno de sus socios -, con Fabián RODRÍGUEZ SIMÓN, quien les habría manifestado la decisión del Presidente Macri que las empresas deberían pagar mayores impuestos, sino les rescindiría los contratos de concesión”.
Además, explica que “incluso en esas reuniones también se habrían expresado quejas respecto de la línea editorial que tenían los medios periodísticos de Grupo Indalo. Según López, tales quejas también eran realizadas de parte de sus socios, pues entendían que la presión ejercida por el Gobierno para que abonaran mayores impuestos estaba motivada en aquello”.
A renglón siguiente, Servini enfatiza: “He de recalcar que todas las reuniones, como así también las comunicaciones, fueron ratificadas a lo largo del expediente por diferentes personas”, y agrega que “sumado a ello, también he de resaltar que en un expediente conexo al presente, entre otras cosas, se denunció que Rodríguez Simón – afirmando hablar en nombre de Macri, Quintana, Caputo y Torello – le habría dado a entender a Ricardo Benedicto que si el presente expediente avanzaba traería aparejadas consecuencias negativas para las empresas de juego de Azar”.
Línea temporal
En la orden, Servini pide el cruce de llamadas de Macri, sus funcionarios y los empresarios, “en una fecha cercana a 10 días anteriores y posteriores a los siguientes eventos”.
– 13 de marzo de 2016: publicación de la nota periodística de Hugo Alconada Mon, en la que hiciera referencia a una supuesta deuda de Oil Combustibles S.A. con el Fisco Nacional.
– 15 de marzo de 2016: dictado de la RG. 3836/2016 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
– 16 de marzo de 2016: denuncia de Elisa Carrió en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°11.
– 22 de marzo de 2016: dictado de la RG. 3837/2016 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
– 23 de marzo de 2016: Resolución n° 178/16 de la Dirección Nacional de Vialidad que dispuso la intervención de AEC S.A.
– 28 de marzo de 2016: dictado de la RG. 3857/2016 de la Administración Federal de Ingresos Públicos
– 30 de marzo de 2016: presentación de Oil Combustibles S.A. en concurso preventivo.
– 11 de agosto de 2016: fecha de Oferta de capitalización condicionada de Grupo Alberdi S.A. a AEC S.A.
– 24 de agosto de 2016: nota n° 3681 de la Dirección Nacional de Vialidad, presentada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°10, donde se solicitó se evaluara la factibilidad de capitalización de AEC S.A. por parte de Grupo Alberdi S.A.
– 1 de noviembre de 2016: nota n° 515/16 que diera origen al expediente que terminó con el dictado de la resolución n° 395/2016 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
– 3 de noviembre de 2016: dictado de la resolución n° 395/2016 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que impidió preventivamente a Oil Combustibles S.A. acogerse a la ley 27.260.
– 12 de marzo de 2017: Nota periodística de La Nación en la que se aseguraba que el Gobierno Nacional rescindiría la concesión a una autopista de Cristóbal López.
– 30 de marzo de 2017: dictado de acto que revocó la Resolución n° 395/2016 antes señalada.
– 1 de septiembre de 2017: viernes del fin de semana que Macri visitó Esteros del Iberá1 (Ver declaración del testigo Cristóbal López).
– 18 de septiembre de 2017: Correo electrónico de Orlando Terranova a Carlos Fabian de Sousa, titulado “Aspectos Operativos”.
– 21 de septiembre de 2017: fecha en la que se suscribió el acuerdo de compraventa de Grupo Indalo con Orlando Terranova y Gustavo Casir.
– 5 de octubre de 2017: ingreso de Gustavo Casir a Casa Rosada.
– 20 de octubre de 2017: fecha de transferencia de acciones de Grupo Indalo a Damián Burgio y Santiago Dellatorre (Rosner).
– 5 de diciembre de 2017: dictado del Decreto 1010/17, a través del cual se rescindió el contrato de concesión de obra pública del acceso Ricchieri a la C.A.B.A.
– 19 de diciembre de 2017: detención de Cristóbal Manuel López y Carlos Fabian de Sousa.
– 16 de marzo de 2018: resolución de Sala I de la CCCF que revocó la prisión preventiva de Cristóbal Manuel López y Carlos Fabian de Sousa.
– 17 de marzo de 2018: nota periodística del diario La Nación, titulada “Cristóbal López divide al Gobierno entre alentar la quiebra o el salvataje de Indalo”.
– 20 de marzo de 2018: nota del sitio “Info 135”, titulada: “Macri pidió “matar” a Cristóbal López y echar de la justicia a Ballesteros y Farah”.
– 30 de marzo de 2018: nota del sitio Infobae, titulada “Mauricio Macri: el cambio de carátula en Cristóbal López nos enloqueció”.
– 27 de abril de 2018: resolución de Sala I de la CFCP que revocó la resolución señalada anteriormente y ordenó nuevamente la detención de López y de Sousa.
– 29 de abril de 2018: Nota periodística del diario Clarín, titulada: “Con Cristóbal López preso, el Gobierno redobla la presión contra sus empresas”.
– 9 de abril de 2019: ingreso de este expediente a este Juzgado.
– 9 de agosto de 2019: detención en la autopista Ricchieri de María Julieta Camaño, esposa de Carlos Fabian de Sousa, por parte de personas que se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal Argentina.