La escandalosa investigación sobre una red de juego clandestino y extorsiones que puso bajo la lupa la conducta de dos fiscales rosarinos tuvo ayer a la tarde su primera baja oficial cuando el gobernador Omar Perotti aceptó la renuncia que horas antes había presentado Patricio Serjal a su cargo como titular de la Fiscalía Regional 2 con sede en Rosario. Pero no sólo eso. En el mismo decreto en el cual aceptó la renuncia del cuestionado funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) el mandatario santafesino dispuso que quede desvinculado de todo cargo que pueda asumir en el Poder Judicial.
La decisión de Perotti podría darle un cierre a la carrera judicial de Serjal, más allá de que anoche había algunas voces que sostenían que esa facultad compete a la Legislatura. Sin embargo el decreto del gobernador alega que los hechos de corrupción que se le endilgan le impedirá ocupar cualquier otro cargo en el Poder Judicial. Esta desafectación, por otra parte, pone a Serjal en condiciones de ser imputado en un proceso penal como cualquier ciudadano, ya que no tendrá más los fueros que poseía en virtud de su cargo.
En cuanto a la otra pata judicial detectada en la red, esta tarde será imputado el todavía fiscal —al menos al cierre de esta edición— Gustavo Alcides Ponce Asahad y su empleado Nelson Ugolini. Acusado por un empresario de juego de haberle exigido altas sumas de dinero desde al menos dos años para brindarle protección judicial, el hasta ahora titular de la Oficina de Allanamientos de la Fiscalía Regional Rosario será acusado por los fiscales Gisela Paolicelli y Matías Edery de los delitos de exacciones ilegales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Respecto de este fiscal, también esta tarde la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich, irá a la comisión de Acuerdos de la Legislatura a trasladar el trámite de procedimiento disciplinario de Ponce Asahad, dado que por la sanción que le cabría por su conducta ella debe inhibirse. La comisión de Acuerdos debe resolver si dictamina o no a una suspensión preventiva de Ponce Asahad lo que, si ocurriera, debe ser resuelto por ambas cámaras en sesión conjunta por mayoría simple.
Respuestas
La suerte de Serjal comenzó a cambiar el viernes cuando el empresario de juego Leonardo Peiti, al ser imputado de integrar una red que combinaba la actividad de casinos clandestinos con extorsiones, lo involucró junto con Ponce Asahad de haberle pedido desde 2018 una cantidad regular de dinero —en el orden de los cuatro o cinco mil dólares mensuales— para brindarle protección e información que le permitiera seguir con sus actividades ilegales.
La mención del fiscal regional en esta causa no fue la primera que puso en duda su integridad para el cargo, teniendo en cuenta que en noviembre Serjal fue denunciado tras haber comprado dos vehículos al dueño de una concesionaria al que días antes favoreció con el cierre de una causa en la que estaba acusado de vaciar una empresa.
Pero cercado por cada vez más políticos e incluso sus subordinados en el MPA rosarino que pedían su apartamiento, el sábado le adelantó al fiscal general de la provincial Jorge Baclini su renuncia como fiscal regional, la cual se conoció las últimas horas del domingo. “Soy ajeno a las cuestiones que se han ventilado y me he puesto a disposición de los investigadores para lo que los mismos requieran. Quiero dejar en claro que jamás he realizado actos que no se hayan ajustado a derecho durante mi función, hago referencia a mi actuación, desconociendo el modo en que san obrado otras personas y no siendo quién para juzgarlas”, expuso Serjal en la carta mediante la cual renunció a su cargo en la regional, pero no como fiscal de grado.
La primera respuesta al conocer la misiva fue de la Asociación de Fiscales que pidió que también dimitiera como fiscal de grado (ver aparte). La segunda respuesta, a media tarde de ayer, fue el decreto de Perotti que terminó con esas ambigüedades. Es que en la carta de renuncia recibida por el gobernador Serjal se ponía “a disposición de su sucesor” para las tareas que éste considerara.
“Surge de la presentación de Serjal”, dice el decreto en sus considerandos, que “pretende seguir perteneciendo al MPA y en definitiva al Poder Judicial”. Entonces alega que “las razones invocadas por el renunciante tendrían su origen en la investigación sobre hechos de corrupción” que tomaron estado público, que “no pueden ser fundamento exclusivo para aceptar la renuncia al cargo de fiscal regional, sino que tienen efectos expansivos a los otros cargos que dentro del Poder Judicial podría estar pretendiendo ser designado el ahora renunciante”.
“Acéptese la renuncia presentada por el doctor Patricio Serjal Benincasa al desempeño del cargo de Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación y a todo otro cargo que pudiera pretender dentro del Poder Judicial”, dice el decreto en su único artículo. La próxima noticia al respecto debería ser sobre su sucesor, decisión en manos del fiscal general Baclini.
Dos caras
Desde el gabinete de Perotti ayer recordaban el discurso inicial del gobernador. Por la mañana lo sostuvo el ministro de Gobierno Esteban Borgonovo, cuando dejó entrever que no habría piedad para Serjal. “En diciembre, cuando asumimos, el gobernador dijo que «a partir de ahora el Estado estaba de un lado y el delito del otro». Por eso, si bien estamos preocupados, celebramos que estas cosas salgan a la luz y se investiguen. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables tengan las sanciones que corresponden”, afirmó el ministro, para agregar: “Estamos ante un hecho de corrupción. Cualquiera que sea responsable de un hecho de este tipo, no puede estar en la función pública”.
En esa línea, por la tarde el secretario de Justicia Gabriel Somaglia también se refirió al “sabor amargo de que haya funcionarios con tamaña responsabilidad que terminen renunciando investigados por corrupción, lo cual impacta mal en la ciudadanía”. Pero a la vez rescató “la otra cara de la moneda, la satisfacción de que el MPA pueda llevar adelante una investigación aunque alcance a los fiscales porque eso genera institucionalidad y confianza en la ciudadanía. Y además está en sintonía con el discurso inicial del gobernador”.
Voces
La renuncia y la posterior destitución de Serjal siguió revolviendo el avispero político sacudido el viernes pasado a partir de la denuncia de Peiti. A los iniciales pedidos de suspensión formulados por los diputados del socialismo y de la UCR, ayer se sumaron otras voces.
“En este caso hay una responsabilidad política rayana con la complicidad”, disparó por la mañana a La Ocho el diputado provincial Carlos Del Frade, para quien tanto Serjal como Ponce Asahad no sólo deben ser despedidos sino que además deben ser investigados por la Justicia.
Del Frade recordó que a fin del año pasado pidió saber cuál era la situación patrimonial de Serjal y si estaba en condiciones de comprar los autos al empresario denunciado por vaciamiento cuya causa había cerrado, “pero la Comisión de Acuerdos (de la Legislatura) se constituyó recién en marzo, los preinformes y denuncias se aceptaron en junio y hasta ahora no se había dispuesto la suspensión, como mínimo, del fiscal regional. Eso es, como mínimo, de una pereza parlamentaria rayana con la complicidad”.
Además el legislador del Frente Social y Popular sostuvo que Serjal “jugó a favor de ciertos sectores empresariales y políticos”, lo que alimentó su percepción de que era impune. También recordó que el ahora ex fiscal regional dejó de lado una serie de denuncias contra senadores, para con quienes “era muy servicial”.
Senadores “a fondo”
En ese marco también en la Cámara alta santafesina apuntaron contra los fiscales cuestionados. Los senadores del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Raúl Gramajo y Rubén Pirola, miembros precisamente de la comisión de Acuerdos, pidieron a sus pares “ir a fondo con la sanción preventiva que les correspondiere a todos y cada uno de los fiscales sospechados de actos fuera de la ley, hasta tanto se aclare la real situación de cada uno”.
Los legisladores consideraron que este escándalo “no debe ser utilizado como cortina de humo para ocultar situaciones de igual gravedad que implican a los fiscales Adrián Spelta y Mauro Blanco, cuya suspensión fue oportunamente solicitada por este espacio sin lograr el acompañamiento necesario de parte de la mayoría de los miembros de la comisión”.
Pero los senadores del NES fueron más allá y cuestionaron el funcionamiento del MPA al que pidieron revisar. “Todos los integrantes del NES trabajamos desde diferentes perspectivas la mejor manera de fortalecer y mejorar el MPA, que está claro no cumple con las expectativas para la que fue creado. Tenemos la responsabilidad de seguir aportando para mejorar la Justicia de nuestra provincia. Por eso planteamos ir a fondo con este tema, sin parcialidades y revisando cada instancia del sistema”.