La ordenanza rosarina N°10.370 sobre lavado de dinero fue sancionada el 11 de agosto de 2022 y promulgada el 17 del mismo mes. Única en su tipo en Argentina, durante el acto de su promulgación, el intendente Pablo Javkin dejó en claro que su iniciativa “es una decisión política de toda la ciudad”, y que el objetivo es “combatir a quienes hacen dinero con las muertes y la violencia”. El intendente ratificó entonces que “a los que hacen las cosas bien y generan trabajo y producción, hay que otorgarle las mayores facilidades”.
Luego de un amplio y minucioso debate en el Concejo Municipal, donde se consideraron varios proyectos de fuentes políticas diversas, la norma consensuada crea un novedoso “tridente”. En su capítulo uno desarrolla un “mecanismo”, luego un “protocolo” y finalmente una “Agencia”, que será la autoridad de aplicación con estricta dependencia del Intendente.
Desde el título mismo de la iniciativa, nos vemos confrontados a que el objetivo normado es combatir por “prevención”, lo que se llama “lavado de activos” cuyo origen sea “delictivo”. Para conceptualizar dichos términos y otros la norma prevé definiciones, como el de “alerta sospechosa” inspirada en las normativas precedentes del propio municipio, la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, y normas provinciales como el Decreto 2.126 que dispuso protocolos específicos en la materia para algunos ministerios. Todo en el marco de la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
¿Y cuáles serán las herramientas más importantes de que dispondrá el municipio para la construcción de la información base? Son especialmente tres: el “Perfil Digital”, la “Plataforma de Gestión Documental Electrónica”, así como “cualquier otra clase de soporte”. Como señaló Juliana Conti, Subsecretaria Legal y Técnica del Municipio “el proceso de digitalización que viene atravesando el municipio tiene un impacto en la implementación de la ordenanza porque, en primer lugar, está al servicio de los ciudadanos y a la vez esa unificación de la información va a ser puesta a disposición de la justicia para detectar eventualmente un caso de alerta que tenga que ver con la aplicación del protocolo que está previsto en la ordenanza. En ese sentido, se trabaja en la despapelización y el perfil digital. Toda la información del perfil digital se mantendrá a disposición de los organismos provinciales y nacionales y/o judiciales competentes”.
Uno de los aspectos más debatidos fue la creación de la “Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo” que creó la Ordenanza en su art. 10, siendo consagrada como autoridad de aplicación. Bajo la dependencia orgánica y funcional del intendente, éste nombrará el Jefe/a previo acuerdo con el Concejo Municipal y según la Ley Orgánica de Municipios. Esta Agencia, primera en su tipo en la Argentina, será el indudable músculo de la movilización de la información y del personal que la seleccionará y destacándose por generar, recibir y procesar los reportes de “Alerta Sospechosa”. Es quien evaluará reportar luego a la UIF, el MPA, la AFIP, el API, el BCRA, la IGPJ y toda otra entidad para el mejor cumplimiento de sus objetivos, con todas las cuales podrá suscribir convenios. Muy importante será sin dudas el “Informe Anual de Gestión” que deberá elevar al Concejo Municipal con el debido resguardo de datos.
La Organización de Estados Americanos se encuentra profundamente preocupada por esta la problemática, lo que motivó la realización del texto señero “Combate al lavado de Activos desde el Sistema Judicial”, donde se propone una definición de blanqueo de capitales como un “proceso tendente a obtener la aplicación en actividades económicas lícitas de una masa patrimonial derivada de cualquier género de conductas ilícitas, con independencia de cuál sea la forma que esa masa adopte, mediante la progresiva concesión a la misma, de una apariencia de legalidad”. Eduardo Fabián Caparrós aclara que la definición no es perfecta. Pero que “permite avanzar dentro del supuesto de aquellos otros en los que se verifica la reintroducción en los cauces oficiales de fabulosas cuantías procedentes de la realización de actividades ilegales en sí mismas.” No estamos entonces hablando de ladrones de gallinas o carteristas, sino de grandes movimientos de capitales e inversiones ligados especialmente a los delitos de narcotráfico, terrorismo y corrupción que se convierten en una red que perfora a todos los estados y sociedades.
La Unión Europea, por su parte, dictó las directivas 2018/843 y 2018/1673 relativas a la prevención de la utilización del sistema financiero a los fines del blanqueo de capitales o el financiamiento de terrorismo. Sin embargo, reconoció que su lucha central contra el blanqueo de capitales permanece en un estado demasiado ineficaz, por lo que se intenta entonces crear una autoridad europea que entre sus atribuciones tendría el control directo de los organismos financieros de alto riesgo, incluso por sobre las autoridades nacionales.
La norma rosarina representa un gran avance en la materia y pone a la ciudad de Rosario proa hacia una mayor autonomía y modernización. Tal como sucedió en la industria aeroespacial y automotriz oportunamente, estamos en presencia de un enorme progreso sobre el estado municipal del gobierno electrónico y el diseño de sensores que permitan guiar acciones estaduales con mayor precisión, eficacia y transparencia, intentando modernizar aquello que se llamó estado bobo alguna vez, y ahora se pretende hacer ingresar a la revolución tecnológica en curso que propone la fase actual del capitalismo globalizado. Para lograrlo se necesitará de un presupuesto a la medida del desafío, algo nada sencillo en tiempos de aguda inflación. También resulta imprescindible una capacitación permanente de empleados y funcionarios que deberán aplicar las disposiciones precitadas. Pero ello no será suficiente. Además se necesitará de una política de marcadores y metas, que genere controles cruzados, y un liderato que motive a los funcionarios y agentes concernidos mediante la oferta de oportunidades de crecimiento. Finalmente, y no menos significativo, alentar un compromiso ciudadano y estatal hacia valores éticos como la Paz, la Justicia y el Bien Común. Algo muy difícil de logar en las condiciones actuales de la argentinidad, tan apegada a la vida anórmica, al amiguismo sin meritocracia, y a un transitar por la banquina que está afectando al país.
Mantener el Estado municipal en la ruta pretendida, y dotarlo de sensores y nuevas perfomances, comprometido con sus ciudadanos y con una modernización de su cultura administrativa, es una iniciativa que merecerá un enorme apoyo.