En medio del clima festivo por el Año Nuevo, Alberto Fernández decidió embarcarse en una aventura de difícil concreción sin las espadas parlamentarias suficientes y con escaso margen de negociación con la oposición. El anuncio del juicio político al presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti tiene el apoyo de los gobernadores peronistas y por ahora sólo hay expectativas de ver cómo se canalizará lo planteado en su carta.
El escándalo por la filtración de los supuestos chats del ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro con Silvio Robles, director de la vocalía de Rosatti en la Corte y hombre de confianza del cortesano fue la gota que rebalsó el vaso. Y ese vaso había quedado repleto cuando el Máximo Tribunal hizo lugar a la cautelar pretendida por el Gobierno porteño para que Nación le entregue el 2,95% de los fondos coparticipables.
La decisión de encarar el juicio político tiene en su mayoría una carga puertas adentro del Frente de Todos. Ocurre que hace meses que los sectores más duros del kirchnerismo vitorean consignas en contra de la Corte Suprema, a favor de la destitución de sus miembros y de una ampliación de la cantidad de integrantes del Máximo Tribunal.