El diputado provincial Jorge Henn, con el acompañamiento de los diputados Martino, Tejeda y Yaccuzzi, presentaron un proyecto de Ley de Derechos de Incidencia Colectiva que pretende regular los procesos judiciales que tienen por objeto defender bienes e intereses comunes a toda la sociedad.#
Dicho marco normativo regulará situaciones tales como: ante un banco que cobra una comisión injustificada a todos los clientes que retiran dinero por el cajero automático; o ante aquel estado que pretenda privatizar el uso de un espacio público afectando los derechos de todos los habitantes.
Actualmente no existe ninguna reglamentación provincial que permita a cualquier ciudadano accionar judicialmente frente a hechos que conciernen a los intereses de toda la sociedad. Por este motivo el diputado provincial Jorge Henn, acompañado por el resto de los diputados del bloque UCR- NEO- FPCyS, presentó a la Cámara Baja de la Legislatura santafesina un proyecto de Ley de Incidencia Colectiva.
A partir de esta Ley, cualquier persona que demuestre un interés relevante tendrá la posibilidad de iniciar acciones legales que sean en beneficio de muchos (los clientes de ese banco) o en defensa de los lugares comunes (contra la privatización de un espacio público). En otras palabras, los ciudadanos podrán unir fuerzas para defenderse contra los vejámenes de grandes empresas o el propio estado.
Impacto social
Con respecto a la importancia que tienen estas acciones colectivas a nivel social, el diputado sostuvo que “cuando los ciudadanos se juntan, las acciones colectivas funcionan como un freno a los poderosos” y continuó “son herramientas eficaces para establecer un límite a las políticas del estado o de grandes empresas que puedan ser consideradas abusivas. Cuando la sociedad civil se involucra hay más control y transparencia, solo hay que darle los instrumentos”.
“Esta ley va a permitir que los problemas que atañen a muchos sean encarados en común permitiendo la construcción de colectivos que se identifiquen por su esfuerzo en solucionarlos” concluyó Henn.
Antecedentes
Las Acciones Colectivas o Acciones de Clase se reconocen a través de los “Derechos de Incidencia Colectiva” que aparecen por primera vez en el artículo 43 de la Reforma Constitucional de 1994.
La Corte Suprema de Justicia reconoció estos derechos, en el famoso caso Halabi (2009), creando jurisprudencialmente la figura de Acción Colectiva o Acción de Clase. A su vez, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que rige desde el 2015, también se incluyen las categorías de Derechos de Incidencia Colectiva.
Sin embargo, conforme el sistema federal que establece la Constitución Nacional, las provincias poseen -entre sus competencias exclusivas- la facultad de dictar sus leyes procesales. Es en esta instancia, en que el proyecto de Ley de Derechos de Incidencia Colectiva viene a instaurar una regulación mínima y transversal de las acciones de clase en el derecho procesal provincial.
Algunas consecuencias de la normativa propuesta
Este tipo de acciones pueden pretender la prevención del daño o, en caso de no ser posible esta primera instancia, intentar volver al estado anterior los bienes afectados reparando los daños ya producidos.
En los casos que los bienes afectados sean indivisibles (ej: espacio público) el dinero (indemnizaciones) se deposita en un fondo común. En los casos de interés particular (ej: clientes del banco) las indemnizaciones son para las víctimas, con la excepción de que el juez decida por explícita causa que deben destinarse a un fondo común.
Por último, es importante aclarar que las sentencias de Acciones Colectivas van a tener efecto contra todos los que integran la clase, hayan o no interpuesto la acción legal, y la notificación de la sentencia deberá ser pública para que todos los afectados en la clase.
Fuente: c3m.com.ar