El plenario de la Convención Constituyente de Santa Fe aprobará este viernes el segundo paquete de reformas que se incorporará a la Carta Magna santafesina, después de que ya se sancionaron los cambios vinculados al funcionamiento de los poderes Legislativo y Ejecutivo. La sesión se anticipa con un clima distinto: si en la primera tanda el foco estuvo en el tema reelecciones y en la eliminación de la mayoría automática en la Cámara de Diputados, ahora el pulso político pasa por un grupo de artículos que, aunque diversos, marcan definiciones de fondo en torno al rol del Estado y a la vida democrática. Son los que analizó la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana.
Se esperan consensos amplios, incluso mayores que los que hubo en la sesión del miércoles, y habrá por primera vez votaciones por unanimidad, ya que finalmente La Libertad Avanza apoyó los dictámenes de mayoría para la incorporación de una cláusula democrática y de una declaración que reivindique la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.
El primer dato saliente es que la Caja de Jubilaciones finalmente se declarará “intransferible”. Después de arduas discusiones dentro de Unidos, donde el PRO resistió esa postura del socialismo, y de que el dictamen que salió de la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana saldara la discusión con el término “indelegable”, la presión de los gremios estatales y también del peronismo reinstalaron el texto que blinda constitucionalmente el organismo. Así, queda claro que los recursos de la Caja provincial son intangibles y no pueden destinarse a otros fines, además de establecer que el régimen será público, solidario, sin posibilidad de ser privatizado o traspasado a Nación.
Participación ciudadana
El segundo eje fuerte es la incorporación de mecanismos de participación ciudadana. Por primera vez la Constitución santafesina incluirá un capítulo específico que amplía los cauces de democracia semidirecta. Y no será solo una declaración genérica: el dictamen de mayoría desglosa herramientas concretas que, de aquí en más, tendrán jerarquía constitucional:
Iniciativa popular: la ciudadanía podrá presentar proyectos de ley ante la Legislatura, salvo en materias sensibles como reforma constitucional, régimen electoral, cuestiones tributarias, presupuestarias o procesales penales.
Referéndum vinculante: el Poder Legislativo, con mayoría absoluta de ambas Cámaras, podrá someter a votación la sanción, modificación o derogación de leyes. El voto será obligatorio y el resultado, de cumplimiento obligatorio.
Consulta popular: tanto el Ejecutivo como el Legislativo podrán convocar a la ciudadanía sobre temas de interés general. A diferencia del referéndum, aquí el voto será optativo y el resultado no vinculante.
Revocatoria de mandato: los electores tendrán la posibilidad de destituir a funcionarios provinciales por incumplimiento grave de sus deberes. El mecanismo se activa con la firma del 25% del padrón y prospera si más del 50% de los votantes lo aprueba en las urnas. Esto debe ser reglamentado por ley
Audiencias públicas: podrán ser convocadas por los poderes públicos y también solicitadas por la ciudadanía. La Constitución obliga a realizarlas antes de aprobar proyectos de ley vinculados al ambiente y a los servicios públicos.
Todo este paquete abre la puerta a una mayor participación ciudadana en las decisiones políticas, lo cual transparenta y resta margen de opacidad a esos procesos. La idea es que la política gana legitimidad cuando explica y la sociedad gana poder cuando participa antes de que la ley esté cerrada.