El abogado Marcelo Gonzalez Acuña en Otros Ambitos (Del Plata Rosario 93.5) analizó el escenario jurídico tras la puesta en vigencia de la nueva normativa. Aseguró que, mientras no exista un fallo judicial que indique lo contrario, la ley debe aplicarse plenamente, pese a las controversias planteadas por diversos sectores.
La reciente promulgación de la Ley 27.802 ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y social. En este contexto, el abogado y docente Marcelo González Acuña aportó claridad sobre la vigencia y el estatus legal de la norma, subrayando un principio fundamental del derecho: la presunción de constitucionalidad.
“Una vez que una ley atraviesa el proceso legislativo y es promulgada por el Poder Ejecutivo, entra en vigencia con toda la fuerza del Estado. En nuestro sistema, toda norma se presume constitucional hasta que se demuestre lo contrario en un caso concreto ante la Justicia”, explicó González Acuña.
El debate por la implementación
La Ley 27.802 ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores que cuestionan si algunos de sus artículos vulneran derechos adquiridos o principios básicos de la Carta Magna. Sin embargo, el especialista fue tajante al señalar que las discrepancias interpretativas no frenan la aplicación de la ley.
Para González Acuña, el foco debe estar en la seguridad jurídica: “No podemos caer en la anomia o en la desobediencia civil basada en interpretaciones particulares. Si un sector considera que la norma es inconstitucional, debe recurrir a las vías jerárquicas correspondientes y obtener una sentencia firme”.
Un escenario de incertidumbre judicial
Consultado sobre la posibilidad de que se multipliquen los amparos y pedidos de nulidad, el letrado reconoció que es un escenario probable, pero advirtió que los tiempos judiciales suelen ser diferentes a los tiempos políticos o sociales.
“Es natural que ante reformas de gran calado aparezcan cuestionamientos. No obstante, la presunción de constitucionalidad es lo que sostiene el orden jurídico. Mientras los tribunales no dicten sentencias que suspendan sus efectos o declaren su invalidez, la Ley 27.802 es la ley vigente y debe ser cumplida por todos los ciudadanos y organismos”, concluyó.
El análisis de González Acuña se produce en un momento clave, donde las empresas y los trabajadores comienzan a adaptarse a los cambios impuestos por la nueva legislación, a la espera de los primeros fallos que marquen jurisprudencia sobre el tema.