La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que establece un nuevo Código Procesal Penal Tras más de diez horas de discusión, la votación resultó: 130 afirmativos, 99 negativos y 2 abstenciones, correspondientes a Martín Lousteau y Carla Carrizo (Suma + UNEN).
Al cerrar el debate, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, resaltó: "Estamos modernizando un Código que no sirve, no le sirve a nadie. Solo le sirve a una docena de jueces que tienen el poder en sus manos".
"Si los jueces tardan mas de lo que deben, serán sancionados en el Consejo de la Magistratura", enfatizó Di Tullio, sobre los tiempos máximos establecidos por la ley.
A la vez, aseguró que "es verdad que no es un Código para combatir la inseguridad, porque cuando uno está juzgando, es porque el hecho ya fue cometido".
La sesión especial convocada por el oficialismo comenzó cerca de las 12.30 y si bien primero estaba en el temario el proyecto que crea una comisión bicameral para investigar cuentas en Suiza, los legisladores acordaron modificar el orden y arrancar la sesión especial con el nuevo Código.
El texto, que cuenta con 349 artículos, plantea un cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, dándole mayor injerencia a los fiscales y dejando en manos de los jueces la garantía de los procesos.
Al inicio del debate, la miembro informante del kirchnerismo, Graciela Giannettasio, aseguró que el actual sistema "no cumple eficazmente sus funciones, se encuentra colapsado y no sirve al Estado ni al ciudadano".
A su entender, el inquisitivo impone el "peor proceso de revictimización: no saber nunca quí pasa con la investigación, no saber cuándo va a terminar el proceso, no participar de la investigación, no tener oralidad".
Giannettasio resaltó que el nuevo paradigma pone a la víctima "en el centro de la escena" y "utiliza de manera rigurosa el esquema de libertad, garantía y la vigencia de los tratados internacionales".
Por la oposición, el diputado de la UCR Manuel Garrido advirtió que "lo único que se va a aplicar" cuando comience a regir la nueva ley es "un incremento sustancial de la planta del personal designado por el Poder Ejecutivo".
El tambiín radical Miguel Giubergia evaluó que "el Código Procesal Penal propuesto por el Gobierno tiene la intención de establecer el camino de la impunidad para muchos de los funcionarios oficialistas".
"Se nos negó la posibilidad de la discusión, se evitó el debate, se nos impidió la incorporación de aportes que mejorarían realmente la calidad legislativa e institucional", se quejó el jujeño y agregó: "Un Código de Procedimiento Penal no es un coto de caza exclusivo del oficialismo de turno, es una herramienta fundamental en el proceso de garantizar el cumplimiento de la ley".
El legislador del Frente Renovador Oscar "Cachi" Martínez defendió la propuesta alternativa de su bloque y aseguró que "pone ínfasis en las víctimas y no en los delincuentes", además de crear un cuerpo de abogados para asistir a los damnificados y la figura del "investigador encubierto".
En respuesta, la kirchnerista Diana Conti sostuvo que el dictamen del FR "no guarda coherencia" y es un proyecto "clasista, del que deben avergonzarse".
A la vez, Conti defendió el nombramiento de personal e indicó que "aún con el Código actual, el plantel del Ministerio Público Fiscal es insuficiente a la hora de pedir que se aceleren los juicios de toda naturaleza".
Por el PRO, Pablo Tonelli subrayó que "hacen falta normas complementarias para que este Código entre en vigencia con íxito: la ley de implementación, el Código Penal, la ley orgánica del Ministerio Público, el rígimen penal juvenil y el de ejecución de penas".
"De todas esas leyes que son necesarias no tenemos ni noticias. En este sentido, este Código no tiene posibilidades de entrar en vigencia por la falta de estas leyes, lo cual convierte en nulo el argumento de la urgencia planteado por el oficialismo", cuestionó el macrista.
El jefe del bloque socialista, Juan Carlos Zabalza, rescató la trascendencia de reemplazar el modelo inquisitivo en manos de los jueces para pasar a un modelo acusatorio, que "pone la investigación a cargo exclusivo del fiscal y el juzgamiento en manos del juez, separando ambas funciones".
No obstante, el santafesino aseguró que con esta ley "se corre riesgo de que el Ministerio Público Fiscal termine replicando la lógica con la que aún funcionan los juzgados de instrucción".
En tanto, el diputado de la Coalición Cívica Pablo Javkin destacó que "siempre detrás de un funcionario político que se corrompe hay un juez apañado por el poder político o económico".
"Sepamos que cuándo amparan jueces corruptos por conveniencia política pueden estar ante su futuro verdugo en los Tribunales. Por eso le decimos al oficialismo: los oyarbides de ayer son los bonadios de hoy", enfatizó Javkin.
Fuente: c3m.com.ar