La Justicia no resolvió hasta ahora si dará curso a la denuncia de encubrimiento que hizo Alberto Nisman antes de morir, pero el Gobierno ya se dispone a hacer el primer movimiento en su defensa La Procuración del Tesoro de la Nación adelantó que llevará material al respecto al juez que entiende en la causa, Daniel Rafecas.
En un comunicado, el organismo –que dirige el cuerpo de abogados del Estado– anunció que este viernes "presentará ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 "un escrito de carácter institucional aportando los elementos de juicio y antecedentes documentales probatorios jurídicamente relevantes respecto de los hechos sobre los que versa la denuncia".
"Tal presentación se efectúa en el marco de las normas orgánicas que delimitan las competencias y obligaciones de la Procuración del Tesoro de la Nación y del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional (Leyes Nros. 12.954, 17.516, 18.777, 24.946 –Título III- y 24.667; Decretos Nros. 34.952/47, 411/80 – texto según Decreto Nº 1265/87 y sus modificaciones)", detalla la dependencia, a cargo de la Dra. Angelina Abbona.
Nisman acusó a Cristina Kirchner, su canciller, Híctor Timerman, y otros dirigentes del oficialismo de orquestar una "confabulación criminal" para proteger a los iraníes sospechados por el atentado de 1994. El fiscal sostuvo que el verdadero objetivo del memorándum de entendimiento que el Gobierno firmó con ese país era lograr que caigan las circulares rojas que Interpol emitió contra los presuntos responsables para avanzar en un acuerdo comercial que le permitiera a la Argentina hacerse del petróleo de la República Islámica.
En la presentación, de 67 páginas, Abbona y los subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament defienden tanto la "postura clara y enírgica" que los gobiernos de Cristina y Nístor Kirchner mantuvieron "reclamando que Irán brinde colaboración efectiva para el esclarecimiento de las responsabilidades" en el atentado como que el memorándum se "ha ajustado al ordenamiento aplicable en la materia".
"Ni del texto del memorándum ni de lo actuado por las autoridades del Gobierno en forma previa, concomitante, o posterior al acuerdo, se infiere la existencia de acuerdo alguno destinado a alcanzar un objetivo distinto" al que se expresó como fundamento del convenio, sostuvieron. "Ninguna actuación de las autoridades del Gobierno tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol", añadieron.
Al cabo de un análisis de los documentos provistos por distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo, la Procuración del Tesoro concluye que "no existe prueba alguna, siquiera de carácter "indiciario", que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la Presidenta de la Nación o a funcionarios del Gobierno Nacional".
Fuente: c3m.com.ar