El Gobierno nacional acusó al juez neoyorquino Thomas Griesa de "extorsionador" y advirtió que por el reciente fallo de no habilitar al Citibank a pagar los intereses de los bonos emitidos bajo legislación argentina, el banco puede perder su licencia para operar en el país.
"El juez Griesa se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre. Y además, en esta ocasión, pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas", expresaron a travís de un comunicado de prensa del Ministerio de Economía, que conduce Axel Kicillof.
El Palacio de Hacienda cuestionó al magistrado por entender que los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 bajo ley nacional en dólares deben "considerarse pari passu con la deuda externa por haber sido emitidos para reestructurar la deuda. "Claramente, estos bonos son deuda domística por lo que esta decisión es un despropósito a todas luces. Esta nueva confusión se deriva una vez más de su lamentable fallo original sobre pari passu, que no responde a la lógica económica o financiera sino exclusivamente al interís de los fondos buitres", afirmaron.
En este marco, Economía aseguró que la resolución del juez es "vergonzosa" y envió un mensaje al Citi, que ya tiene lista la apelación para presenta. "En un vergonzoso exceso de jurisdicción, Griesa le ordenó a Citibank Argentina que cumpla una orden que no sólo es operativamente imposible sino que, más grave aún, expone a la sucursal argentina del Banco estadounidense a violar las leyes argentinas y perder su licencia bancaria en el país", advirtió el comunicado.
El Gobierno recordó que la casa matriz de la entidad ya le había señalado por escrito a Griesa los peligros para la filial en la Argentina si firmaba una sentencia que prohíba el pago. "Si (el banco) no remite los fondos que recibe a sus clientes, tal como lo hará el resto de los custodios, incumplirá la ley bancaria de Argentina. La República podría revocar la licencia de Citibank Argentina e incluso imponer responsabilidad penal a sus empleados", se juró en el aviso previo al fallo.
Por este motivo, es que desde el Poder Ejecutivo ahora remarcan que "la orden del Juez Griesa vuelve a violar principios legales básicos, y deja en claro que sus decisiones no están basadas en derecho sino en su manifiesta parcialidad en contra de Argentina".
"La República reitera que continuará efectuando los pagos de toda su deuda normalmente, en cumplimiento de sus obligaciones legales. Y recuerda que aquellas entidades que operan en la República Argentina están obligadas a cumplir la legislación nacional, y que las autoridades locales serán inflexibles en asegurar su cumplimiento", concluyó.
Ámbito Financiero reveló que si el Citibank aceptara el fallo de Griesa y no pagara los intereses del vencimiento el 30 de junio en Buenos Aires, el Gobierno podría decidir en aplicar las mismas sanciones que recibió el BoNY, que el año pasado se negó a pagar los u$s 539 millones por el vencimiento del 30 de junio del bono Discount. En ese momento, el Gobierno a travís del Banco Central se resolvió que el BoNY sea impedido de volver a trabajar en el país y ser su agente financiero y, lo más importante fue echado de la Argentina y obligado a cerrar sus oficinas en Buenos Aires.
Sin embargo, no es lo mismo el BoNY que el Citi: además de los 2.854 empleados, esta última tiene 136.000 cuentas corrientes y prístamos por un total de $ 18.000 millones.
Fuente: c3m.com.ar